Los tres grupos municipales han respaldado una moción del Partido Popular en la que se reclama al Gobierno de España que convoque la Comisión del Pacto de Toledo de modo urgente para reanudar los trabajos de la misma, a fin de que se acuerden por todos los grupos las reformas necesarias para garantizar la viabilidad y el futuro de nuestro sistema de Seguridad Social.
El Pleno del Ayuntamiento de Lorca ha aprobado por unanimidad una moción del Grupo Municipal Popular en la que se insta al Gobierno de la Nación a que elimine las medidas previstas para la supresión de la revalorización de las pensiones contributivas. Al mismo tiempo se solicita al Gobierno de España que convoque la Comisión del Pacto de Toledo de modo urgente para reanudar los trabajos de la misma, a fin de que se acuerden por todos los grupos las reformas necesarias para garantizar la viabilidad y el futuro de nuestro sistema de Seguridad Social.
La moción recuerda que algunas de las decisiones que el Presidente del Gobierno anunció el pasado 12 de mayo en el Congreso de los Diputados, de adoptarse, “lesionarían injusta e injustificadamente a más de 5 millones de pensionistas, rompiendo de paso uno de los logros mayores de nuestra democracia: el Pacto de Toledo”.
En el texto de la moción recuerda que dicho Pacto de Estado se alcanzó en 1995 entre todos los Grupos Parlamentarios, y mereció el respaldo de los sindicatos en 1996 mediante el Acuerdo sobre consolidación y racionalización del sistema de pensiones. Estos acuerdos, fruto de un amplio y responsable diálogo político y social, sacaron a nuestra Seguridad Social de la incertidumbre económica y garantizaron un sólido compromiso de todos para hacer viable y sostenible nuestra Seguridad Social.
Tal y como se refleja en la argumentación de la moción, “500.000 millones de pesetas de déficit, inseguridad de poder cobrar las pensiones e incertidumbre de los pensionistas para mantener su poder adquisitivo fueron, entre otras, razones para que todos los partidos asumieran el Pacto de Toledo y sus recomendaciones”. La Ley 24/1997, de 16 de julio, de consolidación y racionalización de la Seguridad, fue resultado directo del Pacto de Toledo, cuyo cumplimiento se quiso garantizar con la participación de todos los Grupos Parlamentarios, constituyendo al efecto una Comisión en el Congreso de los Diputados. Esta Comisión ha ido evaluando el cumplimiento de compromisos y recomendaciones desde entonces y lo ha hecho con eficacia y con rigor bajo diversos gobiernos.
En la actualidad está examinando un documento de fecha 29 de enero de 2010, enviado por el Gobierno para examen y debate, de modo que los acuerdos que pudieran alcanzarse dieran lugar a aquellas reformas y modificaciones legales pactadas entre todos los grupos políticos, sin olvidar la participación de los agentes sociales en el proceso de diálogo social actualmente abierto.
Tal y como se contempla en este texto “El anuncio de recortes en los derechos de los pensionistas, principalmente el derecho a la revalorización en función del IPC (artículo 11 de la Ley 24/1997, de 16 de julio), viene a romper el Pacto de Toledo, una de las más importantes conquistas de nuestra democracia. Estos recortes privan de derechos a más de cinco millones de pensionistas y nos hace retroceder a los tiempos en los que el Gobierno, según criterios de oportunidad y de conveniencia política, daba o negaba la revalorización de las pensiones y, por tanto, daba o quitaba poder adquisitivo a las debilitadas economías de los pensionistas. Se producirían otros efectos adicionales e indeseables de empobrecimiento para los pensionistas al bloquear “sine die” la base sobre la que se actualizarían las pensiones tras el bloqueo de su cuantía que plantea ahora el Gobierno”.
Tal y como recordó el concejal de Hacienda, Antonio Ibarra, “la experiencia indica que este tipo de medidas, combinadas con la elevación de impuestos, en especial el IVA (2 puntos de subida en julio próximo), generan problemas añadidos en el consumo y en el empleo, cuya evolución, si no se corrige con reformas adecuadas, pondrá en peligro los ingresos por cotizaciones, que son esenciales para mantener nuestro sistema de Seguridad Social”.