El PSOE pide la nulidad del convenio por el que se cedió la gestión del centro de Voley Playa por ser "manifiestamente ilegal"

Mateos exige explicaciones al PP pues denuncia que en el citado convenio no se siguió ninguno de los trámites previstos en la normativa y se entregó un bien de dominio público a una entidad privada sin que se emitieran informes técnicos ni jurídicos preceptivos, sin exigir garantías y sin control de explotación alguno.

El Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Diego José Mateos ha puesto en conocimiento que con ocasión de la devolución de la subvención de 470.000 euros a la CARM, por no ejecutar la construcción del pabellón cubierto en el Centro de Voley Playa sito en la Torrecilla se ha puesto de manifiesto la "aberración" que supone para el Ayuntamiento de Lorca el convenio suscrito con la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB) para que ésta explote y gestione dicho centro deportivo.

Según consta en el acta de la Junta de Gobierno Local de fecha 25/07/2014, se firmó un convenio de colaboración con la RFEVB, para la cesión de las instalaciones construidas por el Ayuntamiento en terrenos municipales, de equipamiento, y destinados a una actividad deportiva, lo que lo configuran como bienes de dominio público, sujetos -asegura- "a una serie de limitaciones en cuanto a su explotación que se han ignorado por completo con este convenio".

Mateos ha denunciado que "los gastos de funcionamiento del centro de Voley Playa (electricidad, vigilancia, agua, seguros...) los asume el Ayuntamiento" mientras que, por el contrario, "todos los ingresos de cualquier clase se los queda la RFEVB, sin que además tenga la obligación de dar cuenta de sus actividades, de la gestión de bien de todos los lorquinos ni de los ingresos que obtienen con la explotación de un bien de dominio público".

Según ha informado el Portavoz socialista, durante cinco lustros, se cede el control total y absoluto de estas instalaciones que hemos pagado todos los lorquinos de nuestros bolsillo, con dinero público. Mateos denuncia que este convenio se firmó por un plazo de 25 años prorrogables, donde además la Federación de Voleibol "puede rescindir el convenio en cualquier momento, a su única voluntad". De hecho, asegura que "ni siquiera el propio Ayuntamiento, pese a ser el titular de las instalaciones, no prevé esa capacidad".

En cuanto a la explotación de los servicios de este centro, "no consta que se tengan licencias o autorizaciones para ejercer actividades de hostelería, restauración, venta de productos o de servicios médicos y fisioterapéuticos, que sin embargo es sabido por todo el mundo que se están ejerciendo sin control municipal algunos".

Además, asegura que es la RFEVB la que parece que "elige en quése invierte el dinero público", ya que según manifestaciones del propio Concejal de Deportes, el Sr. Martínez, "fue dicha entidad privada la que decidió que se devolviera la subvención de 470.000 euros para construir el pabellón cubierto", que según Mateos, "podría ser utilizado por todos los lorquinos, para en su lugar, destinarlos a la ampliación de la residencia, que a todas luces aprovecharán unos pocos y que finalmente será explotada por una entidad privada como lo es la RFEVB, sin rendir cuentas ni dar explicaciones".

Mateos asegura que este convenio es "manifiestamente ilegal". Según ha informado, este convenio "no se han respetado ninguno de los procedimientos administrativos" ya que con la firma "se cedió un bien de dominio público sin tramitar ni un expediente de concesión o de autorización administrativa".

El responsable socialista asegura que si se tratara de una concesión, "no se respetó la normativa de bienes prevista en el artículo 80 y siguientes del Reglamento de Bienes". O lo que es lo mismo: no se convocó concurso o proceso de licitación alguno, no se publicó ninguna convocatoria, no se solicitaron ni se emitieron informes técnicos o jurídicos, no se exigió garantía por posibles daños a las instalaciones, en definitiva "un auténtico y disparatado despropósito jurídico".

Además, advierte que si se tratara de una autorización sobre un bien de dominio público, de las previstas en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas se incumple el plazo máximo de 4 años ya que, recordamos, se ha concedido por 25 años prorrogables, entre otros incumplimientos esenciales. En cualquiera de los casos, según Mateos "queda de manifiesto quese hizo todo de una forma caciquil que ya creíamos erradicada".

En el próximo Pleno ordinario, el PSOE solicitará que se inicien los trámites necesarios para que se declare "nulo de pleno derecho" el citado convenio, "y que se realice una convocatoria en términos legales para la explotación de las instalaciones". De esta manera, Mateos pretende que sea el Ayuntamiento, como titular de las instalaciones, el que establezca las condiciones, los controles y que cumpla sus obligaciones de defender los bienes públicos, de todos los lorquinos y lorquinas.

Para ello, Mateos anuncia que solicitarán la emisión de los informes jurídicos que pongan de manifiesto "qué clase de cesión de uso se trata", ante la posible ilegalidadde esta adjudicación de uso de bienes a una entidad privada. También requerirán informes de intervención "para conocer qué costes totales está soportando el Ayuntamiento y sobre la legalidad o no de asumirlos".

Por todo ello, Mateos quiere explicaciones del equipo de gobierno, y por tanto, pide al Sr. Concejal de Deportes que "de forma inmediata" pida explicaciones a la RFEVB en las que se quede claro "qué ingresos están obteniendo por la explotación de un bien de todos los lorquinos y que se controle que una instalación deportiva municipal disponga de todas las autorizaciones y permisos necesarios para ejercer en ellas actividades económicas". También le piden que compruebe si aquellos que tienen un beneficio económico a costa de bienes públicos están pagando sus obligaciones tributarias como cualquier ciudadano.

Finalmente, desde el PSOE advierten al equipo de gobierno del PP que en caso de no ser atendidas estas peticiones, "nos reservamos cuantas acciones administrativas y judiciales consideremos necesarias para lograr que se cumpla la ley en un tema tan sensible como la explotación de bienes públicos".

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