Lorca, 1 oct (EFE).- Los vecinos de poblado de Puntas de Calnegre se mantienen a la espera de que el Tribunal Supremo (TS) se pronuncie sobre el recurso interpuesto por los abogados de la asociación contra la orden ministerial que exige la demolición de sus viviendas, por invadir el dominio público marítimo terrestre.
El presidente de la asociación de vecinos, Pedro Bosque, explicó hoy que los vecinos "ya no sabemos que hacer, porque tenemos una sentencia en la que se dice que el poblado está en dominio público y que en cualquier momento pueden tirar las casas".
Lamentó el hecho de que "no parece que haya más soluciones" si el TS no admite a trámite el recurso, añadió que "la gente que entiende de leyes sabe que no nos queda mucho", y recordó que el litigio afecta a casi medio centenar de viviendas.
Bosque señaló que el "único recurso" que les queda es exponer su problema "con la fuerza que nos dan los medios de comunicación, para contar a la gente qué es lo que van a hacer con nosotros".
Reiteró que los vecinos no se oponen a la construcción de urbanizaciones residenciales en la zona, "pero queremos que al menos a nosotros nos dejen como estamos, porque quieren echarnos sin ninguna remuneración", y recordó que la mayor parte de los afectados por el deslinde de Costas "es gente mayor que no tiene donde ir".
El poblado de Puntas de Calnegre, surgido hace 200 años de un antiguo núcleo pesquero, tiene 45 viviendas que se encuentran a pocos metros de la costa y que ocupan áreas públicas de protección según la Ley de Costas, lo que obligaría a la expropiación y derribo de las casas.
El delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, explicó en septiembre durante una visita que realizó a Lorca, que el origen del problema se remonta a un deslinde aprobado por orden ministerial en 1977, ratificado en 2004 y recurrido por los vecinos en varias instancias y ahora en el Supremo.
Según dijo entonces, tanto la Delegación del Gobierno como el ayuntamiento esperan la resolución judicial "pendientes pero no actuantes, esperando que se preserve el cumplimiento de la ley y que se respeten las sentencias judiciales".
Se comprometió también a concertar una entrevista en la que participen el alcalde de Lorca, Francisco Jódar, y la jefa de la Demarcación de Costas del Estado en Murcia, Francisca Baraza, para el análisis de las posibles soluciones a los habitantes del poblado, en el caso de que finalmente tenga que ser derribado el poblado, aspecto al que se opone el ayuntamiento. EFE