Lorca, 17 jul (EFE).- El juez Sergio Romero, instructor del caso Limusa, la presunta trama de corrupción investigada en la empresa municipal de limpieza de Lorca, se ha inhibido hoy del mismo a favor del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ), por la presencia en el sumario en calidad de "imputables" de dos diputados regionales, y, por tanto, aforados.
En el marco de esta operación contra la corrupción han sido detenidas entre marzo y mayo 12 personas, entre ellas cuatro políticos del PSOE sin cargos públicos en la actualidad, además de un notario, un dentista, un ex funcionario municipal, un agente de seguros, un empleado de banca, dos empresarios y el ex director de Limusa.
Todos ellos fueron puestos en libertad con cargos horas después de su arresto, con excepción del ex director de Limusa, Francisco Gil, que permaneció ingresado en prisión provisional tres meses y que quedó en libertad con cargos y sin fianza el 1 de junio, aunque mantiene la calidad de imputado por presuntos delitos de malversación y contra la Hacienda Pública, entre otros.
El magistrado del Juzgado Número Cuatro de Lorca ha reunido hoy a los representantes de las partes en la sede judicial a las diez de la mañana para comunicarles el levantamiento del secreto de sumario y su decisión de inhibirse de una parte del caso a favor del TSJ.
Su inhibición por la presencia en el sumario de los aforados, uno del PSOE y otro de IU que fueron concejales en el ayuntamiento de Lorca en el tiempo al que corresponden los hechos investigados, solo afectará a la parte de corrupción política relacionada con la presunta participación de los implicados en delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros.
El juez Romero se mantendrá, sin embargo, al frente del caso en la parte del caso Limusa relacionada con la presunta comisión de delitos fiscales por parte de los imputados.
Representantes legales de las partes han informado a los periodistas que les esperaban su salida a la puerta del juzgado de que el sumario tiene 3.000 folios repartidos en nueve tomos.
Tras una reunión de poco menos de una hora, el juez ha entregado una sola copia del sumario a los procuradores y abogados, un total de 15, que ahora deberán decidir la forma en la que realizan fotocopias del mismo para que cada uno tenga un juego de los 3.000 folios.
Los representantes legales de los imputados no han recibido, sin embargo, copias del material adicional al sumario, compuesto por unos 50.000 documentos, en su mayor parte facturas, contratos y libros de contabilidad, intervenidos en los registros judiciales y policiales practicados desde marzo.
Junto a Gil los imputados en el caso son el ex alcalde de la ciudad, Miguel Navarro, y dos ex concejales de sus equipos de Gobierno que tuvieron responsabilidades directas en Limusa, Miguel Miras y Jesús Molina, además del ex concejal de Economía y Hacienda, Manuel Sevilla.
En el marco de las operaciones, que se iniciaron el pasado 3 de marzo, la Unidad de Delincuencia Económica y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional también detuvo al notario Sebastián Fernández, al dentista Urbano Alejo, al ex presidente del Lorca Deportiva, Antonio Baños y a su hermano José, ambos empresarios.
Igualmente fueron detenidos durante la instrucción el ex interventor del ayuntamiento de Lorca, Francisco Poyatos, el corredor de seguros Ángel Trinidad Martínez y el director de una sucursal de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Manuel Latorre.
La operación se inició el 3 de marzo con la detención del ex director de Limusa, un día después de su despido disciplinario de la empresa y comenzó a raíz de la denuncia de un trabajador de la firma, Jacinto Arcas, con el que mantenía otro litigio por acoso laboral, que durante años reunió información comprometida sobre la doble contabilidad que se llevaba en la empresa municipal.
En el transcurso de la instrucción también acudió a declarar, en calidad de testigo, el actual alcalde de la ciudad, Francisco Jódar, del PP, que hoy ha asegurado, minutos antes de que se conociera el levantamiento del secreto del sumario, que el ayuntamiento ya está personado en la causa.
Jódar ha dicho, a preguntas de los periodistas, que estaba "esperando y deseando" que se levantara el secreto sumarial "para tener conocimiento exacto de lo que hay" y señaló que como parte personada en el caso el consistorio recibirá una de las copias de esos 3.000 folios.
Con el sumario el consistorio, ha apuntado Jódar, empezará "a dar contenido" a la comisión de "control y fiscalización política" constituida el 19 de mayo que depurará las responsabilidades políticas de la presunta trama de corrupción detectada en el seno de la empresa municipal de limpieza.
La comisión está presidida por el alcalde y en la misma habrá tres representantes del grupo municipal del PP, dos del PSOE y uno de IU, además del secretario de la corporación municipal.
Esta comisión tiene carácter extraordinario, sus funciones se darán por extinguidas cuando finalice su labor de investigación y con la misma el consistorio no interferirá en el proceso judicial abierto.EFE
