Lorca, 11 nov (EFE).- La esposa del ex gerente de la empresa municipal de limpieza de Lorca, O.G., también trabajadora de esta firma, ha acudido hoy a declarar, en calidad de imputada, ante el juez instructor del "caso Limusa", que investiga una presunta trama de corrupción en esta empresa pública.
O.G., a la que se le atribuye participación en presuntos delitos de malversación, cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal, llegó al juzgado de Instrucción Número Cuatro de Lorca minutos antes de las diez de la mañana, acompañada por su abogado y otra persona.
La esposa de Francisco Gil, considerado principal cerebro de la presunta trama, ha saludado a los periodistas que la esperaban a la puerta del juzgado con un escueto "buenos días" y no ha hecho declaraciones.
Su comparecencia en el juzgado, prevista en principio para la jornada de ayer, se produce hoy después de que su abogado solicitara un aplazamiento, ya que el letrado tenía fijado un juicio en Murcia a la misma hora para la que se dispuso la citación de la trabajadora de Limusa.
La mujer pidió la semana pasada en un centro médico de Lorca la baja laboral, aunque desde la detención, el pasado marzo, de su marido y ex gerente de la empresa, que estuvo ingresado varios meses en prisión provisional y que ahora se encuentra en libertad con cargos, se ha mantenido en su puesto de trabajo.
El juez Sergio Romero, instructor del caso, ha llamado a declarar, también como imputados, a seis funcionarios del ayuntamiento de Lorca, que comparecerán el día 27 de noviembre.
Hasta ahora, además de Gil Eguino, están imputados en el caso el ex alcalde de Lorca, Miguel Navarro (PSOE), los ex ediles socialistas Miguel Miras, Jesús Molina y Manuel Sevilla.
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia también ha encontrado indicios de delito en el ex concejal Bartolomé Soler, actual parlamentario regional del PSOE.
Asimismo mantienen la condición de imputados un notario, un dentista, un corredor de seguros, un empleado de banca, dos empresarios y el ex secretario del ayuntamiento de Lorca.
La instrucción del "caso Limusa" comenzó a principios de este año tras las denuncias sobre el comportamiento irregular del entonces gerente y los supuestos negocios paralelos a la empresa pública que realizaba en la sede de esta, así como de sus elevados gastos que realizó un trabajador de la misma que también denunció acoso laboral.
Por orden del juzgado se puso en marcha la "Operación Reciclaje" que propició las detenciones de los imputados y el registro policial de varias empresas y viviendas.
El secreto de sumario de la primera fase de las investigaciones se levantó el pasado verano e incluye más de 3.000 folios y 50.000 documentos adicionales sobre las presuntas actividades ilícitas realizadas a la sombra de la empresa municipal de limpieza.
El magistrado ha ordenado ahora reanudar las investigaciones y ampliar las imputaciones a los seis funcionarios municipales y a la trabajadora de Limusa.
De forma paralela a la investigación judicial funciona una comisión municipal de fiscalización y control de la empresa, con representantes del PP, PSOE e IU, creada para depurar las responsabilidades políticas del caso. EFE