José García Murcia, concejal portavoz de la formación IU-Verdes de Lorca, considera que el nuevo Real Decreto-ley evidencia el comportamiento claramente negligente del presidente regional murciano Sr. Valcárcel, que de facto nunca asumió el compromiso al que le obligaba el decreto de emergencias (RD-ley 6/2011 de 13 de mayo de 2011) para hacer frente al pago del 50% del importe de las ayudas públicas a los damnificados para reparación y rehabilitación de viviendas.
Dice el concejal García Murcia que el pago de dichas ayudas, tanto las de alquiler o reposición de enseres como las de reparación y rehabilitación de inmuebles, vienen siendo reclamadas desde hace muchos meses por los damnificados de los terremotos, y en reiteradas ocasiones se ha criticado y denunciado, tanto social como políticamente el hecho de que el Gobierno Regional no contemplase en los presupuestos de 2012 una partida específica para atender las necesidades de Lorca, y en este sentido IU-Verdes considera que el crédito ICO contemplado en la nueva medida legal viene a subsanar la deficiente actuación del Gobierno Regional en el tema de las ayudas a los afectados por los terremotos del 11 de mayo de 2011.
El concejal García Murcia también considera que la presión ciudadana ha sido determinante en la aprobación del nuevo decreto y lamenta que el presidente Valcárcel hable en términos de "manipulación" cuando se dirige genéricamente a no sabemos que actitudes, personas, colectivos o partidos.
Para José García Murcia las movilizaciones ciudadanas han dado su fruto pese a que el real decreto recién aprobado sólo es un paso más en el camino de la reconstrucción de Lorca, por lo que hace un llamamiento a seguir muy atentamente la evolución de los acontecimientos y seguir reivindicando social y políticamente la cobertura de las necesidades de Lorca.
En lo que tiene que ver con el comportamiento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en el pago de las ayudas, el real decreto cuestiona severamente la gestión de la administración de Valcárcel. A partir de ahora el pago se realizará directamente por el Instituto de Crédito Oficial y la Comunidad Autónoma viene obligada a entregar a dicho organismo las cantidades libradas por la Administración General del Estado que no se hubieran aplicado al pago de las ayudas.
La incompetencia en esta materia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es suficientemente conocida por todos los vecinos de Lorca, por el Gobierno de Rajoy (como bien reconoce este nuevo real decreto), y únicamente era el alcalde de Lorca el que se resistía a reconocerla.