El Ayuntamiento solicitará a las entidades financieras que se impliquen en este asunto, instándolas a concretar un censo de viviendas vacías con el fin de ser utilizadas para realojar a familias que no dispongan de ellas.

La Concejal de Vivienda y Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Lorca, Fátima Mínguez, ha informado que el Equipo de Gobierno en el Consistorio Municipal solicitará en el próximo pleno la declaración de Lorca como "Municipio Libre de Desahucios", ratificando la disposición del Ayuntamiento a colaborar con los órganos jurisdiccionales con el fin de coordinarse y estudiar cauces tendentes a garantizar la permanencia de las familias en su residencia habitual. El compromiso del Consistorio incluye seguir emprendiendo medidas municipales con el objetivo de garantizar el derecho a una vivienda digna, siempre en la medida que sus competencias así lo permitan, haciendo frente a la atención de la emergencia habitacional. Asimismo, manifiesta su oposición a cualquier desahucio de vivienda en la que se encuentren viviendo menores.

La Edil de Vivienda ha explicado que el Ayuntamiento considera que los suministros de agua, de energía eléctrica y de gas, son bienes básicos que deben de seguir siendo garantizados para todas las familias. Así, colaborará con las administraciones públicas en la implantación de actuaciones que se desarrollen a fin de atender situaciones de emergencia habitacional, ya que son otras administraciones las que ostentan las competencias en materia de vivienda con carácter exclusivo. En esta línea, seguirá prestando información, orientación y asesoramiento a las personas y familias afectadas por un desahucio o ejecución hipotecaria, a través de la Concejalía de Vivienda y pondrá todas las medidas que tenga a su alcance, para propiciar el realojo de las familias afectadas siempre que éstas se encuentre en una situación de exclusión social, en los casos en que no se pueda impedir el desahucio. Con este objetivo, seguirá dirigiéndose a las entidades financieras que operan en el municipio para pedirles que eviten las órdenes de lanzamiento con el fin de que las familias que residen en su vivienda habitual no tengan que abandonar la misma, acogiéndose al régimen de alquiler social.

Fátima Mínguez ha anticipado que el Ayuntamiento tomará las medidas oportunas para favorecer que los grandes tenedores (entidades financieras, bancos y otros…), destinen las viviendas vacías de su propiedad, a familias en situación de exclusión social en régimen de alquiler social. De hecho, solicitará a las entidades financieras un censo de viviendas vacías propiedad de bancos o entidades financieras con el fin de ser utilizadas para realojar a familias que no disponen de viviendas, comprometiéndose a mantener el Convenio al efecto establecido con el Colegio de Abogados de Lorca.

La Concejal de Vivienda ha expuesto que la petición de declaración del municipio de Lorca como "Municipio Libre de Desahucios", está basada en el derecho que tiene todo ser humano a disponer de una vivienda digna. Este derecho se fundamenta en un conjunto de artículos que obligan a las administraciones locales, autonómicas y estatales a hacerlo efectivo.

La situación económica que vivimos en la actualidad, tiene entre algunas de sus consecuencias más graves, que muchas familias no puedan atender el cumplimiento de las obligaciones derivadas del pago de las rentas de arrendamiento o, en su caso, de los préstamos o créditos hipotecarios tramitados para adquirir su vivienda en régimen de propiedad. Siendo doblemente castigadas por dicha situación crítica, al perder no solo el empleo sino también su vivienda habitual.

Esta es una situación que no puede quedar ajena a la intervención de las Administraciones Locales, debiendo poner en marcha cuantas actuaciones sean precisas para dar amparo a la ciudadanía afectada por esta situación de crisis económica, aparejada en muchos casos de los efectos de la burbuja inmobiliaria. Intervención que se materializa en acciones, medidas, programas, etc que permita a la ciudadanía mejorar su situación. Es por ello, que el Ayuntamiento de Lorca confirma su intención de seguir actuando en consecuencia y atender a los vecinos y vecinas afectados por las situaciones anteriormente descritas, minimizando su situación de exclusión residencial.

Lorca, pionera en el convenio

La Oficina de Atención al Ciudadano de la Concejalía de Vivienda está siendo ejemplo para otros municipios, al igual que el convenio con el Colegio de Abogados, el primero de estas características rubricado por una administración local de la Región con un colegio profesional de letrados, pues contempla el respaldo jurídico gratuito desde el primer momento para evitar que se llegue a una situación más complicada. En esta Oficina se han recibido un total de 81 consultas, 18 de las cuales se han enviado al Colegio de Abogados. Otras 18 familias han llegado a acuerdos con sus correspondientes entidades bancarias, mientras que otras 8 no han realizado una segunda a este servicio. Cabe señalar que 15 personas se dirigieron a la Oficina para aclarar dudas y 7 familias están en conversaciones con sus entidades para alcanzar un acuerdo. De los casos enviados al Colegio de Abogados, a fecha hay terminados 10 expedientes y otros 2 están solucionados a falta del informe del abogado y 6 están haciéndose gestiones con los bancos.

El Ayuntamiento financia este convenio con una aportación al Colegio de Abogados, a cambio de la cual los letrados informan a las familias sobre la posibilidad de abordar las dificultades de pago de la hipoteca de su viviendas habitual; asesoran de forma personalizada sobre los procedimientos concretos que hay que realizar antes de o al inicio de la situación de impago de la hipoteca; ayudan a encontrar soluciones acordadas entre el deudor y la entidad bancaria para aquellas situaciones que tienen perspectiva de mejora o que, con determinados cambios en la relación pueden conseguir soluciones efectivas que no deriven en la ejecución hipotecaria; e incluso utilizarán los mecanismos de intermediación residencial para aquellas situaciones vinculadas a posibles ejecuciones hipotecarias.