Afectados de Tercia, Campillo, La Hoya y Las Terreras, insisten en que desean una solución a sus demandas por la vía del consenso y de una modificación del Plan General "que ordene definitivamente una problemática que no hará sino incrementarse con el paso del tiempo". Pero aseguran que siguen trabajando en la vía judicial por si el Ayuntamiento insiste en planteamientos "poco serios e insuficientes".
La plataforma ciudadana "Stop cebaderos junto a las casas" ha calificado de "tomadura de pelo" la propuesta anunciada por la concejala de Urbanismo, Saturnina Martínez, de ampliar "de 5 a 15 metros" la distancia entre viviendas e instalaciones de hasta 2.000 cabezas de porcino, balsas de purines y fosas de cadáveres.
"Lo que desde el Ayuntamiento se vende a bombo y platillo como triplicar la distancia permitida entre las granjas de porcino y las casas es, en realidad, un ridículo incremento de 10 metros que nos deja en la misma indefensión", aseguran desde la plataforma. En ese sentido, le preguntan a la concejala cómo se sentiría si fuera ella la que tuviera un cebadero con miles de cerdos en la puerta de su casa.
Los afectados también critican las palabras del concejal de Ganadería, Ángel Meca, quien ha asegurado que "no podemos cargarnos de un plumazo un sector que ha generado tanta riqueza en nuestro municipio". La plataforma asegura que los puestos de trabajo y la riqueza derivadas del porcino, "se generará igual en instalaciones pegadas a nuestras casas que en áreas específicamente planteadas para la actividad ganadera" y que su ordenación, por el bien de vecinos y empresarios, depende del consistorio. Al hilo, han vuelto a exigir la representación de las partes afectadas en una mesa de trabajo específica sobre esta cuestión, "que es lo que se nos prometió". "No entendemos el miedo que tienen a visitarnos para que podamos explicarles lo que estamos sufriendo, ni que nos nieguen el derecho a la participación", aseguran.
Desde la plataforma, que cuenta ya con afectados de Tercia, Campillo, La Hoya y Las Terreras, insisten en que desean una solución a sus demandas por la vía del consenso y de una modificación del Plan General "que ordene definitivamente una problemática que no hará sino incrementarse con el paso del tiempo". Pero aseguran que siguen trabajando en la vía judicial por si el Ayuntamiento insiste en planteamientos "poco serios e insuficientes". En ese sentido, recuerdan que el consistorio ya quedó en evidencia con la sentencia López Ostra del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, en 1994, condenó al Estado español por los perjuicios ocasionados a una ciudadana por la instalación, a pocos metros de su domicilio, de una estación depuradora de aguas y desechos de una empresa de curtidos.
Recuerdan que la doctrina de la sentencia de Estrasburgo, que deberá orientar a los tribunales españoles al sentar jurisprudencia, impone a los poderes públicos una obligación de protección a los individuos cuando éstos se ven afectados en sus derechos, especialmente el de su vida privada. El Tribunal consideró entonces inadmisible la pasividad del Ayuntamiento de Lorca,en orden a su papel de actor público garante de los intereses de los administrados. Así, entendió que el Consistorio no había sabido mantener "un justo equilibrio" entre el interés económico empresarial y el derecho de la demandante a su vida privada y familiar.
Portavoz Plataforma Stop Cebaderos Junto a Casas