La concejala de IU-V en el Ayuntamiento de Lorca, Adoración Peñas, ha adelantado esta mañana su intención de plantear en el próximo Pleno municipal una iniciativa política que tendría como objetivo que todas las disposiciones de naturaleza social que recoge la Ley Regional de Vivienda, incluidas las que tienen relación con la pobreza energética y los suministros básicos, sean una realidad en el municipio de Lorca.

Para IU-V es preciso que las administraciones locales contribuyan en la medida de sus posibilidades a revertir la realidad actual en esta materia y que la vivienda sea cada vez más un derecho y cada vez menos un negocio. Eso nos lo exige, a todos los que nos dedicamos a la cosa pública, tanto el artículo 47 de la Constitución que mandata a los poderes públicos a promover las condiciones para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada, como el artículo 33 de la misma Ley Fundamental que establece que la propiedad tiene que cumplir, antes que nada, una función social.

Una de las situaciones más detestables desde el punto de vista social en esta materia, afirma la concejala de IU-V, es la existencia de una gran bolsa de viviendas vacías en manos de los bancos, mientras miles de familias han sido desahuciadas o no tienen posibilidad alguna de acceso a una vivienda digna. Por ello, afirma, la primera medida que queremos plantear en este ámbito es la que afecta a los propiedades inmobiliarias de los bancos.

Según Peñas, a la injusticia que suponen los desahucios de miles de familias, se añade la irresponsabilidad social de los bancos. Desahucian a la gente y después en muchos casos se desentienden de la propiedad desahuciada, ya sea haciendo una dejación ilegal de sus obligaciones de conservación y mantenimiento de las viviendas (hace poco hemos conocido como en Lorca han sido demolidas por la desatención varias viviendas de la SAREB), ya sea haciendo la vista la gorda ante casos que todos conocemos de ocupación ilegal de viviendas que generan no pocos conflictos vecinales. Hay barrios en Lorca donde estos fenómenos están a la orden del día. Por último, y para colmo, el gobierno municipal del PP en Lorca ni siquiera hace uso del recargo del 50% en el IBI a las viviendas vacías de los bancos, tal y como IU-V le propuso hace algunas semanas para dotar de mayor justicia tributaria a nuestros impuestos, penalizando de paso el uso antisocial de la vivienda.

Así las cosas IU-V pretende que el Ayuntamiento de Lorca haga realidad el primer principio rector de la política de vivienda que contempla la Ley Regional de Vivienda, donde se afirma que las administraciones públicas deben promover e impulsar las acciones necesarias para que todos los ciudadanos de la Región de Murcia tengan acceso a una vivienda digna y adecuada, especialmente a los que tengan mayor dificultad económica para acceder al mercado inmobiliario y a grupos de población de características sociales o circunstancias específicas que los hagan más vulnerables.

Y en tal sentido IU-V propone que el Ayuntamiento de Lorca realice un Registro de viviendas vacías en propiedad de las entidades financieras de Lorca, que además de servir a afectos fiscales -si alguna vez el PP se decide a recaudar más de los bancos y menos de las familias en apuros- sirva de base para exigir a los bancos el cumplimiento de su deber de mantenimiento y conservación de los edificios residenciales, y sobre todo posibilite la creación una gran bolsa social de vivienda, que movilice esa vivienda vacía, la ponga en uso y en valor posibilitando el realojamiento ordenado de las familias con dificultades de acceso, evitando de paso los fenómenos de ocupación ilegal y de degradación de esas propiedades.