Se trata de una propuesta que beneficiaría de forma directa al colectivo de profesionales del derecho de nuestra ciudad, que realza una labor extraordinaria velando siempre por ofrecer un servicio público de máximas garantías en el ámbito de la justicia.

El Concejal de Economía en el Ayuntamiento de Lorca, Fulgencio Gil, ha informado que el Consistorio Municipal va a solicitar al Gobierno de España que mantenga el sistema actual del Impuesto del Valor Añadido (IVA) para las actuaciones de los profesionales designados de oficio para la defensa de los beneficiarios del derecho a asistencia jurídica gratuita.

Fulgencio Gil ha afirmado que se trata de una propuesta que beneficiaría de forma directa al colectivo de profesionales del derecho de nuestra ciudad, que realza una labor extraordinaria velando siempre por ofrecer un servicio público de máximas garantías en el ámbito de la justicia. El sistema de justicia gratuita ofrecido a los ciudadanos que lo precisen y cumplan los requisitos, garantiza la igualdad de defensa ante la Justicia a todos los españoles.

El Edil ha indicado que la Ley 1/1996 de Justicia Gratuita señala la obligación de los Colegios de Abogados de regular y organizar el servicio lo que implica que para los abogados aun siendo un acto voluntario pesa sobre el colectivo la obligación de garantizar la suficiencia del servicio y por lo tanto la tutela judicial efectiva de quienes carecen de recursos para litigar.

Fulgencio Gil ha destacado que el Consejo General de la Abogacía, órgano en el que están incluidos los más de 44.000 letrados del servicio del turno de oficio, ha mostrado su malestar ante el informe de la Dirección General de Tributos que recoge la consulta V0179-17 del Tribunal de Justicia del Tribunal Europeo y que señala que los servicios prestados por los abogados en el marco de asistencia jurídica gratuita no deben estar exentos del IVA.

El senador lorquino ha manifestado, además, que el proyecto normativo en el que se está avanzando para concretar la Ley Orgánica del Derecho a la Defensa mejorará los mecanismos de protección de los derechos de los ciudadanos ante la Justicia, y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que otorgará al fiscal la dirección de la fase de investigación.