Esta mañana comparecían ante los medios de comunicación dos concejales de IU-Verdes de la comarca del Guadalentín, Pedro Sosa, portavoz de esta formación en Lorca, y Víctor Romera, portavoz de la misma en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras y especialista en derecho laboral.
Los dos concejales han abordado un asunto de actualidad en nuestra comarca y en nuestro municipio: la situación laboral y la extraordinaria precariedad en la que se desarrolla el trabajo en dos sectores económicos concretos: el agroalimentario y el de servicios.
Sosa ha afirmado que de los 13.514 contratos firmados en Lorca el pasado mes de mayo, nada menos que el 98,24% (13.276) son temporales; a veces de unas horas, de un día o de una semana, señala Sosa, que además advierte que no cabe confundir esos contratos con puestos de trabajo, pese a la propaganda que desde el PP se suele hacer. Desagregando cifras el concejal lorquino ha informado que 9.783 contratos lo han sido en el sector de la agricultura de temporada y 3.439 en el de los servicios.
El edil ha advertido que más del 60% de esa contratación se ha realizado a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT´s) mediante lo que se denominan "contratos de puesta a disposición". Tras recordar que las ETT's fueron una invención contra los derechos de los trabajadores que vieron la luz en España en 1994, en la última legislatura del Gobierno de Felipe González, Sosa ha afirmado que las ETT's están sustituyendo de facto la principal función que debería tener los servicios públicos de empleo, y lo hacen además convirtiendo el mercado laboral lorquino en un erial donde cada vez son más numerosos los episodios de semiesclavitud laboral, con incumplimiento de convenios, derechos sociales y tablas salariales.
Sosa ha advertido que las administraciones públicas -también el Ayuntamiento de Lorca- deben tomar cartas en el asunto. Por lo pronto y en el medio y largo plazo analizando el peso que en la economía local tienen los diversos sectores productivos y constatando que no es posible desarrollar un municipio como el de Lorca abandonando los sectores económicos que generan más valor añadido y que además tienen mejores salarios. Necesitamos diversificar nuestra economía, sostiene Sosa, pero entre tanto ello sucede hay que combatir la irregularidad laboral que cada día se produce en el campo, la competencia desleal que implica para algunas empresas que otras trabajen en negro, sin contratos o con contratos que no recogen la totalidad de las horas que se trabajan. No sólo se está robando a los trabajadores, afirma Sosa, también a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública.
Por su parte Víctor Romera ha abundado en el papel de las ETT's, aclarando en primer lugar que no todas las empresas de trabajo temporal actúan al margen de la legalidad, que hay muchas que actúan legalmente, pero que habida cuenta el peso de las mismas en la contratación laboral de los sectores agroalimentario y de servicios, la precariedad está muy extendida y muy generalizado el incumplimiento de los convenios colectivos y del ordenamiento jurídico laboral, con salarios que no se pagan, o que se pagan por debajo de lo estipulado, con la realización de destajos prohibidos por la ley, con contratos que se rescinden si las trabajadores quedan embarazadas, con incumplimientos en materia de vacaciones o de seguridad e higiene en el trabajo.
Lo peor, apunta Víctor Romera, es que conocemos casos de ETT's que tras ser investigadas y sancionadas, lo cual no es frecuente si tenemos en cuenta su extensión en Lorca, se cambian de nombre y se vuelven a montar con otra razón social para que las mismas personas que antes las gestionaban sigan explotando a los trabajadores, haciendo competencia desleal a las empresas que cumplen, y defraudando a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social.
Romera ha afirmado que en breve comparecerán con el Secretario General de CCOO de la Región de Murcia para proponer un plan que combata la irregularidad laboral en estos sectores, exigiendo a la administración pública que articule y ponga en marcha su labor de policía e inspección, e instando a la patronal del sector a que también contribuya con su denuncia a identificar y sancionar a aquellas empresas -y a las personas que están detrás de ellas- que trabajan en negro y hacen trabajar a los trabajadores en condiciones de semiesclavitud.