La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha denunciado que el Consorcio de Compensación de Seguros está desestimando las peticiones de los afectados para acceder a la información de las indemnizaciones que les fueron concedidas. El Consorcio basa su desestimación en que es una "Entidad Pública Empresarial de las previstas en el artículo 43.1.b de la Ley 6/1997", que se rige por un régimen jurídico específico al que no resulta de aplicación la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y que, por tanto, "no queda sometido al régimen de publicidad dispuesto en la misma".
Sin embargo, la norma por la que el Consorcio se define en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 de su Estatuto Legal, está derogada por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que se aplica a cualquier organismo o entidad de derecho público vinculada a las Administraciones Públicas.
Martín ha mostrado su sorpresa porque, además, que en la contestación dada por el Consorcio a los afectados, se afirme que su actividad jurídica no está sometida a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En ese sentido, recordó que la petición formulada por los afectados está relacionada con el ejercicio de su derecho a "acceder y a obtener copia de los documentos" en los procedimientos que tengan la condición de interesados (Art. 53.1.a de la Ley 39/2015), que "resulta de plena aplicación al sector público institucional".
La edil de IU-Verdes recordó también que la Ley 9/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, dispone en su artículo 12 "el derecho de todas las personas al acceso a la información pública", entendiendo como información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación. Al respecto, Martín aseguró que dicha ley también es de aplicación a las entidades públicas empresariales (art. 2), como el Consorcio de Compensación de Seguros.
Martín se preguntó hasta dónde se pretende elevar el nivel de indefensión de los afectados por la devolución de las ayudas, vecinos "a los que se está negando el derecho a obtener la información necesaria para realizar las alegaciones que consideren oportunas en defensa de sus intereses". "¿Cuántos obstáculos, trabas e impedimentos más se les va a poner a los afectados?", se lamentó.
La edil de IU-Verdes aseguró que a los damnificados "sólo les comunicaron las resoluciones de las ayudas e indemnizaciones, pero no se indicaron conceptos, ni porcentajes; no se les dijo, esta cantidad debe ser para esto, y esta para esto otro...". Tampoco se les proporcionaron los informes técnicos de las inspecciones efectuadas en sus viviendas y ahora, para colmo, tampoco se les facilita información del Consorcio para poder determinar si las indemnizaciones se concedieron exclusivamente para reparación de sus viviendas o también para reposición de enseres, en cuyo caso la CARM no tendría derecho a reclamar esa parte.
Por todo ello, Martín ha anunciado que remitirá una queja al Defensor del Pueblo para que los afectados puedan obtener "la información que necesitan y a la que tienen derecho".