La concejala de esta formación, Gloria Martín, ha denunciado la actuación municipal porque infringe flagrantemente la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, juega con la seguridad de las personas, y esquilma los recursos hídricos del municipio para favorecer a ciertos empresarios por encima del interés general de los lorquinos y del bienestar de las generaciones futuras

La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha denunciado que el Ayuntamiento de Lorca concedió licencia de obras para la construcción de un macrocebadero de 2.000 cabezas en zona inundable, sin solicitar los pertinentes informes a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). Así se desprende de una comunicación de la Comisaria de Aguas que señala que, aunque las instalaciones se encuentran fuera de la zona de policía de cauces, al situarse en zona inundable, "el Ayuntamiento de Lorca tenía la obligación de solicitar el informe de la CHS, de acuerdo con lo establecido en el apartado 5 del artículo 14 bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico", algo que no ha hecho y que este organismo le reclama, a pesar de que la explotación ya está construida.

La preocupación de los vecinos afectados, residentes en el paraje de La Piscina, en la diputación de La Escucha, ya fue denunciada por Izquierda Unida-Verdes en marzo de este año. Y la respuesta del equipo de Gobierno del PP fue que el Ayuntamiento había requerido todos los informes pertinentes.

El Comisario de Aguas también recuerda al Consistorio que, según lo establecido en el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, la CHS debía pronunciarse, "expresamente", sobre la disponibilidad de recursos hídricos para satisfacer nuevas demandas, algo que tampoco ha sucedido porque el Gobierno municipal "ha autorizado la construcción de este macrocebadero de espaldas a la CHS y a la ley".

Martín calificó de "temeridad" la actuación municipal por el riesgo que comporta desde el punto de vista de una posible inundación. Y es que la propia CHS asegura que, según la información que se desprende de la cartografía de zonas inundables en la Demarcación Hidrográfica del Segura, "en la zona en cuestión se alcanzan calados de hasta 0,40 metros y velocidades cercanas a un metro por segundo para el periodo de retorno de 500 años". El organismo de cuenca recuerda también que el Reglamento del Dominio Público Hidráulico establece que las nuevas edificaciones deben realizarse preferentemente "fuera de las zonas inundables".

La edil de IU-Verdes también tildó de "gravísima irresponsabilidad" que el Ayuntamiento esté concediendo licencias para construcción o ampliaciones de macrocebaderos "como pollo sin cabeza", cuando ni siquiera hay agua suficiente para garantizar la viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas ya existentes. En ese sentido, aludió a unas recientes declaraciones del presidente de la Comunidad de Regantes de Lorca, Juan Marín, en las que anunció que no se van a autorizar riegos de nuevas plantaciones en el municipio por la falta de recursos hídricos.

Martín calificó los hechos de "terrorismo medioambiental" porque "infringen flagrantemente la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, juegan con la seguridad de las personas, y esquilman los recursos hídricos del municipio para favorecer a ciertos empresarios por encima del interés general de los lorquinos y del bienestar de las generaciones futuras". "¿A quienes protegen? ¿A quienes sirven? Porque a sus vecinos, a sus propios votantes, no", dijo la concejala de IU-Verdes.

Por todo ello, Gloria Martín ha pedido que se revoque, de manera inmediata, la licencia de construcción de este cebadero, porque se trata de un acto administrativo "manifiestamente ilegal". También ha exigido "responsabilidades políticas" por "las mentiras, las irregularidades, y la absoluta falta de control sobre esta cuestión", que puede llevar al Ayuntamiento a tener que asumir responsabilidades patrimoniales por su actuación.

Martín aseguró que ahora se explica que los propietarios de varios cebaderos hayan interpuesto recursos contencioso-administrativos para que los vecinos no puedan acceder a los expedientes. A ella, en su calidad de concejala, el Ayuntamiento tampoco le autoriza a obtener copia de los mismos. "¿Por qué se empeñan en obstaculizar el derecho a la información? ¿Qué tienen que ocultar?", se preguntó.

Por último, aseguró que "no todos los ganaderos son iguales" pero que los que ensucian el buen nombre del sector, tirando cerdos muertos a cielo abierto, construyendo en zonas inundables, obteniendo agua de manera irregular, o vertiendo purines de manera descontrolada, contraviniendo la legislación medioambiental, tienen que ser sancionados" para "poner freno a estos despropósitos".