Gloria Martín mostró su indignación porque el equipo de Gobierno del PP presuma de participar, junto a representantes de la Unesco, en un congreso internacional que tiene a Lorca como referente de la rehabilitación del patrimonio cultural, especialmente de bienes eclesiásticos, mientras centenares de lorquinos siguen fuera de sus casas casi siete años después de la catástrofe
a concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha denunciado una nueva paralización en las obras de reconstrucción de las viviendas del barrio de San Fernando, demolido como consecuencia de los terremotos de 2011 y que tenían que haber sido entregadas a sus propietarios en julio de 2017.
El nuevo parón obedece a la falta de pagos de la Comunidad Autónoma, propietaria de varias viviendas, locales y plazas de garaje, a la empresa constructora. Martín denunció que la Comunidad Autónoma, propietaria de apenas un 8% del aprovechamiento urbanístico de la zona, se haya convertido en un "obstáculo" en vez de en una ayuda para los afectados. En ese sentido, recordó que el Ayuntamiento promovió, con los votos de PP y Ciudadanos, la expropiación de 78 vecinos, disconformes con el modelo de reedificación elegido, precisamente con la intención de que no se paralizase el proceso de reconstrucción de este barrio, algo que ahora está provocando la Comunidad Autónoma. "En vez de procurar el consenso y el entendimiento entre los vecinos se quitaron de encima a los propietarios que se oponían a la oferta de Ferrovial, que resultaba más mucho más cara para los afectados, por la vía de la expropiación", dijo Martín, quien añadió que "lo hicieron con la falsa excusa de que así se agilizaría el proceso de reconstrucción cuando la realidad es que las 232 familias afectadas llevan casi siete años fuera de sus casas por los problemas que está planteando la propia Comunidad Autónoma".
Martín recordó también que la Comunidad Autónoma licitó el contrato de renovación urbana del Barrio de San Fernando en noviembre del año pasado, lo que implica al menos otros doce meses de obras en redes de abastecimiento de agua, luz o telecomunicaciones, que impedirán a los vecinos volver a sus hogares. "¿Esa es la prisa que iban a darse? ¿Para qué engatusaron a los vecinos con la visita de autoridades a un piso piloto en octubre de 2016, hace ya año y medio?", se preguntó Martín.
La edil de IU-Verdes mostró su indignación porque el equipo de Gobierno del PP presuma de participar, junto a representantes de la Unesco, en un congreso internacional que tiene a Lorca como referente de la rehabilitación del patrimonio cultural, especialmente de bienes eclesiásticos, mientras centenares de lorquinos siguen fuera de sus casas casi siete años después de la catástrofe. "Si aún les queda una pizca de vergüenza,
Casas prefabricadas
Gloria Martín aludió especialmente a la situación de doce familias que llevan desde 2011 viviendo en casas prefabricadas. "El Ayuntamiento ha normalizado una situación penosa e indeseable por la que decenas de personas, incluyendo catorce menores de edad, viven en casas de hojalata soportando, como pueden, los rigores climatológicos", denunció. La edil de IU-Verdes volvió a visitar a estos afectados la semana pasada y comprobó numerosas deficiencias en el lugar como falta de atención, limpieza y mantenimiento por parte del Ayuntamiento, así como la existencia de elementos peligrosos para los niños y niñas de esta barriada improvisada en 2011. Como ejemplo, citó que el patio donde juegan los menores está lleno de agujeros por el que circulan las aguas residuales que salen de las viviendas, o que las duchas habilitadas en un principio para los vecinos se han convertido en un "foco de botelleo".
Por ello, exigió que desde el Consistorio se aborde la situación de estas familias y se les proporcione una vivienda digna en un entorno adecuado que no provoque "aislamiento social" ni ponga en riesgo su seguridad.
"Mientras haya un solo lorquino fuera de su casa, el Gobierno municipal del PP no tiene motivos para presumir de gestión, sino para exigir a sus compañeros de partido en la Comunidad Autónoma que cumplan con los afectados y faciliten que puedan recuperar la normalidad en sus vidas", concluyó Martín.