La ex concejala del PP, Eulalia Ibarra, percibirá un salario de unos 55.000 euros anuales (más de 4.500 euros al mes) como gerente de una fundación que asume la defensa judicial de los murcianos inmersos en un proceso de incapacitación y en situación de desamparo, que está vinculada al Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y se mantiene con subvenciones públicas. Un cargo para el que no tiene titulación jurídica ni formación especializada.

El portavoz de Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, Pedro Sosa, ha criticado duramente la "recolocación" de la que fuera concejala del PP, Eulalia Ibarra, como nueva gerente de la Fundación para la tutela y la defensa judicial de adultos, un organismo del sector público autonómico.

Ibarra percibirá un salario de unos 55.000 euros anuales (más de 4.500 euros al mes) como gerente de una fundación que asume la defensa judicial de los murcianos inmersos en un proceso de incapacitación y en situación de desamparo, que está vinculada al Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y se mantiene con subvenciones públicas. Un cargo para el que no tiene titulación jurídica ni formación especializada.

Se da la circunstancia de que su antecesora en el cargo, Diana Asurmendi, fue también diputada autonómica del PP durante 16 años.

El año pasado, la fundación tuteló a 56 personas. "Con lo que gana su gerente, más le valdría a la CARM contratar más abogados y trabajadores sociales para prestar asistencia a estas personas, en su mayoría, afectados por enfermedades mentales", aseguró.

Sosa ha lamentado que el PP, que hace una férrea defensa del liberalismo, utilice después las instituciones que se mantienen con el dinero de los contribuyentes para crear un "nido de enchufados" que viven "de la teta de lo público" gracias al "amiguismo". "Son auténticas caparras, parásitos incapaces de ganarse la vida por su cuenta que viven a la sopa boba con sueldos astronómicos que darían para mantener a varias familias", ha asegurado el edil de IU-Verdes. Al respecto, ha hecho alusión a otros populares lorquinos a quienes no se les conoce otro oficio que vivir de la "mamandurria", como el también ex concejal Joaquín Ruiz Montalván, que ha encadenado los cargos de subdirector de Recursos Humanos en el hospital Rafael Méndez (dos años), director de Gestión, Económico y Financiero del Área III de Salud (dos años) y asesor de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Lorca (tres meses), hasta convertirse, también "a dedo", en responsable de la Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia (Esamur), cargo que ejerce desde abril de este año y por el que cobra 53.528.99 euros anuales.

Respecto a Eulalia Ibarra, Sosa le ha recriminado que haya sido incapaz de mantenerse en su puesto de trabajo como auxiliar de enfermería, "una profesión más que digna pero de la que parece que esta señora se avergüenza". En ese sentido, ha recordado que, tras su salida voluntaria del Ayuntamiento, Eulalia Ibarra ya fue "colocada" como jefa de gabinete de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, cargo del que fue cesada apenas diez meses después junto con el titular de dicha cartera, Francisco Jódar.

"Mucho nos tenemos que su nueva labor se caracterice por la misma ineptitud y falta de preparación de la que hizo gala en la Consejería", ha dicho Sosa quien ha añadido que "es vergonzoso que Ibarra vaya a embucharse 55.000 euros al año por estampar su firma en cuatro papeles y pasearse por Murcia de vez en cuando". Por ello, Sosa ha pedido a los grupos de la oposición en la Asamblea Regional "que acaben con este sistema podrido generador de chupópteros".

El portavoz de IU-Verdes se ha preguntado si es que "Ibarra vale más por lo calla que por lo que dice" porque, de otro modo, "son inexplicables los esfuerzos del PP por mantenerla en puestos de alta dirección a pesar de su probada incapacidad para la gestión pública", ha concluido.

Sosa también recordó que todos los ex concejales de IU en Lorca "han vuelto a sus puestos de trabajo tras abandonar sus cargos institucionales", algo que han hecho también los ex coordinadores federales de esta formación, como Cayo Lara y Julio Anguita, que incluso han renunciado al plan de pensiones del Congreso de los Diputados y a la paga de pensión máxima vitalicia a la que tenían derecho como ex parlamentarios.