El Ayuntamiento recibe una nueva reclamación denunciando un convenio rubricado sin estar respaldado por informe alguno por parte de los organismos oficiales. Pensaban construir 3.924 viviendas en la pedanía de La Campana.

El concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Lorca, Juan Francisco Martínez, ha informado que los lorquinos van a tener que pagar otros 792.637,20 euros por culpa de los 17 convenios urbanísticos previstos en Suelo Inadecuado para el Desarrollo Urbanístico (SIDU) aprobados en solitario por una administración anterior entre noviembre de 2005 y junio de 2006. La noticia, que supone un importante quebranto para las arcas municipales, ha llegado hace apenas unas semanas, cuando los promotores han dirigido un escrito dirigido al Pleno del Consistorio Municipal en el que exponen su denuncia expresa sobre el mencionad documento, y solicitan la devolución de las cantidades entregadas al Ayuntamiento, además de los intereses legales correspondientes conforme a derecho.

El concejal de Economía ha manifestado que este era uno de los pocos convenios SIDU cuyos promotores no habían denunciado aún, y se encadena con la docena que ya ha sido reclamada. Hasta la fecha los convenios que han exigido la devolución del dinero anticipado son Suelo y Vivienda 2000 SL, Aparcamiento La Fuensanta, Estación de Servicio Las Palmeras, Ineyfam, Operadora Agrícola del Mediterráneo, Gran Hábitat de Valladolid, Ryszard, Desarrollos Lerna, Agrupapulpí, Time Servicios Logistic, Terracamp y Grupo Generala. El importe conjunto que los lorquinos tienen que devolver a quienes firmaron estos acuerdos urbanísticos asciende a 10.240.538,46 euros, de los que ya se han abonado 9.074.652,08 €, y permanece pendiente de pago 1.165.886,38 €. Cabe recordar que el dinero que la anterior administración ingresó y gastó en virtud de estos acuerdos aprobados en solitario con el rechazo de toda la oposición ascendía a 8.914.812 euros, mientras que ahora se ha tenido que devolver esa cantidad más 1.325.726,46 €.

Martínez Carrasco ha anticipado que el Ayuntamiento está estudiando en estos momentos cómo se podría hacer frente al pago de este nuevo golpe contra las arcas municipales, que constituye un revés para todos los lorquinos. En cualquier caso el objetivo es que estas incidencias no perjudiquen en absoluto la correcta prestación de los servicios públicos que los ciudadanos merecen, y que tampoco incluyan en los tributos municipales. Entre las posibilidades abiertas para abonar estas condenas judiciales se ha establecido un sistema que permite a los lorquinos, a través del Ayuntamiento, acceder al Fondo de Impulso Económico (FIE), lo que consigue que se puede ejecutar el pago directamente a los promotores y cancelar la deuda, pasando a pagar de forma más cómoda, flexible y con menos intereses, en este caso al Gobierno de España. Se trata de un mecanismo más ágil y con mejores condiciones que se encontrarían en el caso de haber tenido que recurrir al mercado bancario ordinario.

El Edil de Economía ha expuesto que el convenio que se firmó con SAT Los Llanos consta en los servicios municipales como rubricado el 3 de noviembre de 2005 sobre una superficie cifrada en 2.179.100 m2, indicando en el mencionado documento que "por el Ayuntamiento se considera de interés municipal el establecimiento de una zona residencial, deportiva y de servicios que permita el desarrollo turístico y urbanístico de la zona, dentro de la política de potenciación de la acción urbanística". No consta mención alguna a cómo se iba a dotar de suministro de agua, saneamiento y otros servicios (comunicaciones, energía, limpieza…) a los hipotéticos residentes en las construcciones que se preveían llevar a cabo. Carecía, por tanto, de los requeridos informes al respecto por parte de los organismos oficiales. El convenio contemplaba la construcción de 3.924 viviendas sobre unos terrenos ubicados en la pedanía de La Campana.

Martínez Carrasco ha indicado que, en términos generales, los convenios urbanísticos en SIDU suponían que en Lorca se iban a construir 86.302 viviendas, y afectaban a una superficie de 4.800 hectáreas.