La concejala de esta formación, Gloria Martín, denuncia que la mercantil gallega 'Constructora San José, S.A', ha agotado ocho de los 24 meses de los que dispone para la ejecución de los trabajos y lamenta que las acuciantes necesidades del municipio en materia judicial dependan del interés de una empresa que quiere arrasar con el patrimonio histórico de los lorquinos para abaratar costes y ampliar su margen de beneficio
La concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Lorca, Gloria Martín, ha exigido el cumplimiento del acuerdo de Pleno del pasado noviembre por el que, de manera unánime, la Corporación municipal instaba al Ministerio de Justicia al inicio "inmediato" de las obras del Palacio de Justicia de Lorca.
Martín ha reclamado que la mercantil con sede en Pontevedra 'Constructora San José, S.A'., "cumpla con el contrato suscrito con la Subsecretaría del Ministerio de Justicia e inicie los trabajos. En ese sentido, Martín ha alertado que la empresa adjudicataria ha agotado ya ocho de los 24 meses de los que dispone para su ejecución, que tienen un presupuesto de licitación de 8 millones de euros y son necesarios para poner fin a la dispersión de sedes judiciales en el municipio. "Las instalaciones actuales son insuficientes, obsoletas y, en algún caso, resultan inaccesibles para personas con movilidad reducida", dijo Martín, quien aseguró que las necesidades de los lorquinos en materia judicial no pueden depender del interés de una determinada empresa.
Martín ha mostrado el rechazo de su formación política a la demolición de la fachada del siglo XIX de la calle Selgas -incluida en la parcela que albergará el futuro palacio de Justicia- que cuenta con un grado de protección 3 en el vigente Plan Especial de Protección y Rehabilitación Integral en el sector II del conjunto histórico artístico de Lorca (PEPRI). Ello obliga a su conservación, algo que además está contemplado en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto. La edil de IU ha recordado que, sólo en 2016, el Ayuntamiento invirtió 118.500 euros para garantizar la estabilidad de la fachada y preservar los elementos que cuentan con protección cultural, por lo que la adjudicataria no puede pretender "tirar esa inversión por la borda y arrasar con parte del patrimonio histórico de los lorquinos sólo para abaratar costes y ampliar su margen de beneficio", aseveró Martín.
"La empresa adjudicataria debía conocer perfectamente los pormenores del proyecto cuando decidió participar en el proceso de licitación, si no fue capaz de trasladarse a Lorca para interesarse por el estado de la parcela y ahora no le salen las cuentas es su problema, pero no puede seguir obstaculizando la construcción del palacio de Justicia", señaló Martín. "No sabemos cuántas empresas de construcción lorquinas trabajan en Galicia, pero estamos cansados de que las grandes obras de nuestro municipio las realicen empresas foráneas, que no crean empleo en Lorca y que incluso están imputadas en casos de corrupción, por lo que deberían estar invalidadas para concurrir a concursos públicos", sentenció Martín.
La edil ha lamentado también que, a pesar de ser una obra de gran presupuesto y envergadura, el Ministerio de Justicia no contemplase en el contrato plazos parciales de ejecución, por lo que ahora no puede aplicar penalizaciones por incumplimiento grave o muy grave de las obligaciones de la adjudicataria. "En virtud de la Ley de Contratos del Sector Público, la Administración podría estar imponiendo hasta 1.600 euros diarios de penalización por incumplimiento de un plazo parcial de ejecución", dijo Martín. Sin embargo, al no contemplarlo en el pliego de cláusulas administrativas, la empresa adjudicataria "se está yendo de rositas". Una mercantil recordó- imputada junto a otras siete constructoras por un juzgado de Murcia por el presunto desfalco de hasta 60 millones de euros en la construcción de varios tramos del AVE a la Región. Al respecto, Martín tildó de "irresponsable" que un contrato público de ocho millones de euros no contemple las garantías necesarias para asegurar la correcta ejecución de la obra y que sí se exigen a las pequeñas empresas que optan a cualquier proceso de licitación.
Nueva pregunta al Gobierno
Por otra parte, Martín ha informado que el diputado nacional de Izquierda Unida, Ricardo Sixto, ha vuelto a preguntar por escrito al Gobierno de España sobre el retraso de unas obras "que los lorquinos llevan esperando más de 30 años". Sixto pide conocer "los problemas técnicos o deficiencias en el proyecto que justifiquen su paralización, la fecha de reanudación de los trabajos así como la de entrada en funcionamiento del nuevo edificio". La pregunta fue registrada en la Mesa del Congreso el pasado 29 de noviembre y aún no ha sido contestada, algo para lo que el Gobierno tiene de plazo hasta el 13 de febrero, según el Reglamento de las Cortes Generales.