La factura de los convenios urbanísticos SIDU, que ahora se ven obligados a devolver todos los ciudadanos, se eleva ya a 11.395.134,76 €. El equipo económico municipal solicita fraccionar este último abono en 5 plazos para no descuadrar las cuentas del Ayuntamiento.

El concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Lorca, Juan Francisco Martínez, ha informado que el Consistorio Municipal, a través de su Junta de Gobierno, ha solicitado al juzgado poder abonar en varios plazos la cantidad económica que el municipio tienen que devolver por culpa de un convenio urbanístico aprobado en solitario y firmado por una administración anterior en el año 2005. Se trata de una magnitud económica que alcanza 1.154.596,3 euros derivada de un convenio suscrito con la sociedad Desarrollos Urbanísticos de Lorca, cuya cantidad principal es de 1.050.025,76 €, a la que se suman 98.750,54 € de costas e intereses.

Constituye uno de los convenios que tenían previsto realizar sobre Suelo Inadecuado para el Desarrollo Urbanístico (SIDU) suscritos entre noviembre de 2005 y junio de 2006.

Se trata de la principal consecuencia que se deriva del procedimiento judicial abierto contra el Consistorio Municipal por parte de los promotores de un convenio que incluía la construcción de 7.938 viviendas en 4 fincas ubicadas en la pedanía de Zarcilla de Ramos. Hemos de tener en cuenta que este enclave lorquino cuenta con una población de 1.023 habitantes. Los promotores ahora han solicitado la resolución del convenio urbanístico suscrito en fecha 15 de junio de 2006 y la devolución del dinero anticipado en su momento a la anterior administración local.

Juan Francisco Martínez ha explicado que el equipo económico del Ayuntamiento ha confeccionado un plan de pagos que permita encajar el golpe que supondrá pagar este montante económico para las arcas de todos los lorquinos. Este documento propone fraccionar el importe correspondiente a principal e intereses en 5 plazos anuales, comenzando su abono el 1 de mayo de este mismo año y prolongándolo hasta 2023, en abonos de igual importe. De esta forma se devolverá el dinero en 5 pagos, cada uno de ellos de 230.919,26 euros.

El importe conjunto que los lorquinos tienen que devolver a quienes firmaron estos acuerdos urbanísticos asciende con este nuevo revés a 11.395.134,76 euros. Cabe recordar que el dinero que la anterior administración ingresó y gastó en virtud de estos acuerdos aprobados en solitario con el rechazo de toda la oposición ascendía a 9.970.837,76 euros, mientras que ahora se ha tenido que devolver esa cantidad más 1.424.297 €. El Ayuntamiento ha pagado hasta la fecha 9.270.496,94 € y tiene pendiente el abono de 2.124.637,82 €.

El concejal de Economía ha manifestado que, en cualquier caso el objetivo es que estas incidencias no perjudiquen en absoluto la correcta prestación de los servicios públicos que los ciudadanos merecen, y que tampoco incluyan en los tributos municipales. Entre las posibilidades abiertas para abonar estas condenas judiciales se ha establecido un sistema que permite a los lorquinos, a través del Ayuntamiento, acceder al Fondo de Impulso Económico (FIE), lo que consigue que se puede ejecutar el pago directamente a los promotores y cancelar la deuda, pasando a pagar de forma más cómoda, flexible y con menos intereses, en este caso al Gobierno de España. Se trata de un mecanismo más ágil y con mejores condiciones que se encontrarían en el caso de haber tenido que recurrir al mercado bancario ordinario.

El Edil de Economía ha expuesto que el convenio que se firmó con Desarrollos Urbanísticos de Lorca consta en los servicios municipales como rubricado el 15 de junio de 2006 sobre una superficie cifrada en algo más de 4,4 millones de m2, indicando en el mencionado documento que "por el Ayuntamiento se considera de interés municipal el establecimiento de una zona residencial, deportiva y de servicios que permita el desarrollo turístico y urbanístico de la zona, dentro de la política de potenciación de la acción urbanística".

Martínez Carrasco ha señalado que no consta mención alguna a cómo se iba a dotar de suministro de agua, saneamiento y otros servicios (comunicaciones, energía, limpieza…) a los hipotéticos residentes en las construcciones que se preveían llevar a cabo. Carecía, por tanto, de los requeridos informes al respecto por parte de los organismos oficiales. El convenio contemplaba la construcción de 7.938 viviendas sobre unos terrenos ubicados en la pedanía de Zarcilla de Ramos.

En términos generales, los convenios urbanísticos en terreno calificado SIDU suponían que en Lorca se iban a construir 86.302 viviendas, y afectaban a una superficie de 4.800 hectáreas.

El concejal de Economía ha manifestado que este era uno de los pocos convenios SIDU cuyos promotores no habían denunciado aún, y se encadena con la docena que ya ha sido reclamada. Hasta la fecha los convenios que han exigido la devolución del dinero anticipado son Suelo y Vivienda 2000 SL, Aparcamiento La Fuensanta, Estación de Servicio Las Palmeras, Ineyfam, Operadora Agrícola del Mediterráneo, Gran Hábitat de Valladolid, Ryszard, Desarrollos Lerna, Agrupapulpí, Time Servicios Logistic, Terracamp y Grupo Generala.