Fulgencio Gil exige al PSOE que aclare el bloqueo en la obra del Palacio de Justicia

"La empresa se puede ir sin haber puesto un ladrillo y con 800.000 € en el bolsillo"

Los populares reclaman que el Ministerio de Justicia explique por qué ha cedido a las exigencias de la empresa adjudicataria, que, si renuncia, retrasará el reinicio de los trabajos al menos durante otro año, cuando ya tenían que estar completados en un 65%

El Presidente del Partido Popular de Lorca, Fulgencio Gil, ha denunciado públicamente que existe un riesgo cierto de que la reanudación de las obras del Palacio de Justicia se retrase más de un año, tras conocerse que la empresa encargada de los trabajos tiene ahora que ponerse a valorar si acepta el modificado que el actual gobierno central le ha presentado. En Lorca no sabemos qué motivos han llevado al Ministerio a alinearse con el planteamiento de la empresa adjudicataria, como tampoco se ha querido hacer público hasta la fecha por parte del ejecutivo de Pedro Sánchez a cuánto dinero asciende tal modificado.

Fulgencio Gil ha informado de que en la reunión que se mantuvo ayer con el Colegio de Abogados de la ciudad se puso sobre la mesa esta cuestión, que se traduce, en términos concretos, en que si la empresa opta ahora por rescindir el contrato, se irá de Lorca con "800.000 euros en el bolsillo y sin haber puesto un ladrillo", lo que conllevaría volver a la casilla de salida, tener el solar al menos otro año criando maleza y acumulando suciedad, en vez de comenzar de una vez unos trabajos que ya deberían haber alcanzado el 65% de su ejecución total.

La gestión administrativa del Palacio de Justicia se ha convertido en un verdadero despropósito. La realidad es que el dinero estaba reservado, la obra contratada y los trabajos en marcha gracias al gobierno del Partido Popular con Mariano Rajoy, pero tras el asalto del PSOE con Pedro Sánchez, la obra se paró, empezaron a aparecer "palos en las ruedas", y todo se paró.

Se trata de una inversión que dejamos "atada" para Lorca, pero cuyos retrasos nos preocupan mucho. No se están dando explicaciones, sino que el proyecto sigue sumido en un oscurantismo y una falta de transparencia muy sospechosa, ante las que lo último que tenían que haber hecho, por pura responsabilidad, es generar falsas expectativas.

Desde el PP se expuso la intención de ampliar los supuestos contemplados como prisión permanente revisable, añadiendo los delitos de asesinato en los que el autor entorpece el hallazgo del cuerpo, así como a aquellos precedidos por un secuestro con rehenes.

Fulgencio Gil ha manifestado que los populares lorquinos mostramos nuestro compromiso total con las propuestas planteadas por parte del Colegio de Abogados, como son la división de jurisdicciones, que permita acabar con la volatilidad de los magistrados y el colapso de los juzgados, así como la implantación inmediata del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, que ya ha sido aprobada por parte del Gobierno Regional.

Desde el PP hacemos nuestra también la propuesta de los abogados lorquinos para la creación de un nuevo juzgado de lo Social que preste servicio a todo nuestro Partido Judicial, beneficiando a los vecinos de Águilas, Totana y Puerto Lumbreras.

Respaldamos, en la misma línea, la comarcalización y especialización del juzgado de violencia de género, que está totalmente colapsado, así como el establecimiento de un Turno de oficio penitenciario para extender los servicios a los presos de Campos del Río, y reclamamos la agilización de los pagos por prestar el servicio de turno de oficio.

Fulgencio Gil ha señalado que en la sesión de trabajo desarrollada en la tarde de ayer, las candidatas al Congreso de los Diputados Isabel Borrego y Antonia López trasladaron a los abogados lorquinos las propuestas principales en materia de Justicia contenidas en el programa del Partido Popular, como son el nuevo plan de inversiones para infraestructuras judiciales, así como la activación de un protocolo pionero para el seguimiento de los procedimientos abiertos que contribuya a su agilización, al mismo tiempo que permita a los ciudadanos conocer directamente cómo están sus asuntos.

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