Pedro Sosa, concejal portavoz de izquierda Unida Verdes en el ayuntamiento de Lorca, se ha sumado a la iniciativa que su partido está presentando a nivel regional en defensa del mantenimiento de los Registros Civiles, que con la entrada en vigor el 30 de junio de 2020 la Ley 20/2011, del Registro Civil, solo podrán dar servicio en localidades superiores a 500.000 habitantes.
El Registro Civil de Lorca, cuyas competencias corresponden al Juzgado n° 3, da servicio, según el Colegio de Abogados, a 30.000 personas al año, gran parte de las cuales se tendrán que desplazar a Murcia cuando entre en vigor el año que viene. "Es un despropósito que la Administración se aleje del ciudadano, cuando debería ser al revés", ha afirmado el edil, sobre todo cuando se intenta luchar contra "la España vacía".
Para Sosa todas las acciones encaminadas a actualizar y digitalizar la Administración, son bien recibidas, pero no si dejan atrás a colectivos como el de las personas mayores o inmigrantes, que al no poseer conocimientos informáticos tendrán que acudir a asesorías privadas para los trámites cotidianos (nacimientos, defunciones, matrimonios, etc.) que actualmente se ofrecen en el Registro. Para Sosa es mucho más sensato traer a funcionarios a los pequeños municipios a prestar este servicio en los días que se establezcan, que no desplazar a miles de ciudadanos a la capital.
Por ello, Sosa ha anunciado que presentará una moción, que espera sea conjunta de todos los grupos municipales, al próximo Pleno de Enero, en el que se instará al Gobierno nacional al esencial mantenimiento de este servicio, iniciativa que ya cuenta con el apoyo del Decano del Colegio de Abogados de Lorca, Ángel García Aragón, a quien ya ha dado traslado Sosa.
Por último, Sosa ha mostrado su satisfacción al conocer, tras su conservación con el Decano de los abogados, que se va a restablecer en Lorca el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) que media entre los trabajadores y empresas, cuya sede posiblemente se ubique en el Colegio de Abogados, una vez que las autoridades judiciales certifiquen que se cumplen los requisitos. "Ese es el camino a seguir, la recuperación de servicios, no su desaparición" ha concluido el edil.