Sosa exige responsabilidades y planteará una revisión del Reglamento de Abastecimiento y una puesta al día del accionariado de "Aguas de Lorca" que reequilibre las acciones de la empresa en favor de lo público teniendo en cuenta las grandes inversiones públicas realizadas

El Portavoz Municipal de IU, Pedro Sosa, defenderá en el Pleno del Ayuntamiento de Lorca a todos los usuarios lorquinos del servicio de agua potable a los que la empresa "Aguas de Lorca" ha cobrado de más en el último de los recibos girados.

Sosa sostiene que durante las semanas del confinamiento, la empresa "Aguas de Lorca" no ha hecho las lecturas del consumo real en los domicilios y, finalmente, ha acumulado en un solo recibo los consumos de todos los meses del confinamiento en los que no ha habido lecturas.

Esa práctica ha dado lugar a que la facturación y los recibos se hayan vistos alterados al alza artificialmente, toda vez que al acumular consumos y al tener un sistema tarifario con precios crecientes establecidos en tres bloques, los usuarios han sido penalizados con las tarifas de los bloques superiores (2 y 3). Unos bloques a los que no se hubiese llegado en ningún caso si se hubieran realizado en su debido tiempo las lecturas oportunas o, en su caso, si se hubiese cobrado a los ciudadanos por estimación de facturas del pasado ejercicio.

El edil de IU-V exige en su iniciativa de Pleno que se verifique la existencia y alcance de esta irregularidad y, en su caso, se depuren responsabilidades por la misma y se reintegre de manera inmediata a los usuarios afectados las cantidades cobradas en exceso. Sosa asegura que tiene copia de recibos de algunas familias de dos miembros a las que le han llegado facturas de más de 120 euros en el mes de julio, cuando venían pagando regularmente no más de 80.

El concejal de IU ha criticado duramente la nota de prensa emitida por la Gerencia de Aguas de Lorca el pasado día 22 de julio, ya que afirma que en la misma además de contener explicaciones a destiempo que ni siquiera se atienen a la realidad, tratan a los ciudadanos de Lorca como "clientes de un negocio", cuando deberían ser tratados como "usuarios de un servicio público", con las connotaciones políticas y jurídicas que ello implica.

Sosa ha aprovechado la ocasión para recordar que su grupo fue el único que se opuso en su día (en los años noventa del pasado siglo) a la privatización del servicio, y que si hoy los ciudadanos de Lorca pagan unas facturas de agua tan abultadas se lo deben al PSOE y al PP que se pusieron de acuerdo -con la única negativa de IU- para vender el servicio a una multinacional del agua.

Relacionado con lo anterior, IU sigue exigiendo que los recibos de agua que se giran a los usuarios deberían tener la consideración de "tasas" y no de "precios públicos", y que por lo tanto los ciudadanos no deberían estar pagando en sus recibos los beneficios económicos de esa empresa, ya que jurídicamente la "tasa" debe ajustarse únicamente al coste real del servicio, sin incluir beneficios.

También ha pedido una revisión del Reglamento de Abastecimiento de Agua en Lorca para contemplar dos cuestiones puntuales: 1) los "consumos involuntarios" derivados de roturas, que también penalizan a los ciudadanos con la facturación creciente y el canon de saneamiento de un agua que no ha sido tratada, y 2) el caso de los consumos bonificados socialmente y los derroches que se están produciendo en algunos domicilios.

Por último, cree necesario y bueno para Lorca y para los lorquinos que se revise con urgencia el porcentaje del accionariado en la empresa "Aguas de Lorca". Ese porcentaje, puntualiza Sosa, sigue reflejando la foto fija de los años noventa del pasado siglo, cuando el PSOE vendió el 49% de las acciones del servicio a una empresa privada, reservándose el otro 51% para la parte pública. Décadas después, sostiene Sosa, lo cierto es que la inversión de dinero público en la red de agua ha sido multimillonaria y la inversión de la parte privada ha sido infinitamente más pequeña. Esta circunstancia debería conllevar una readecuación de los porcentajes de acciones en la empresa en favor de lo público.