La iniciativa, que será defendida por la concejala Gloria Martín, incluye la bonificación del 95% del IBI para los propietarios que cedan viviendas en alquiler para uso social, un recargo del 50% en este impuesto a los bancos que mantengan sus inmuebles deshabitados, o la puesta en marcha de una oficina municipal de vivienda que gestionará una bolsa de alquiler social con ventajas para los arrendadores, como un seguro contra impagos durante un año. También obligará al Ayuntamiento a denunciar situaciones de fraude fiscal y de abuso contra los subarrendatarios
La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, defenderá en el Pleno ordinario de octubre una batería de medidas para luchar contra las situaciones de hacinamiento que se producen en viviendas de Lorca. Martín ha asegurado que esta problemática está suponiendo un serio obstáculo para garantizar el cumplimiento de las medidas de aislamiento personal necesarias para frenar la curva de transmisión del Covid-19, en tanto las "difíciles circunstancias de subarrendamiento que sufren algunos vecinos les impiden protegerse y evitar la propagación del coronavirus".
Martín también ha denunciado "abusos" vinculados a subarrendamientos a un coste desorbitado 280 euros por habitación que suponen, en la práctica, que un piso de 90m2 sea habitado hasta por dieciséis personas. En ese sentido, ha recordado que la normativa sectorial de algunas comunidades autónomas considera que existe hacinamiento cuando el espacio mínimo del que una persona dispone en el hogar que ocupa no llega a los 15 metros y que hay viviendas en Lorca donde ese espacio, por persona, se reduce a los 5,6 m2. "Por cuestiones humanitarias y de salud pública, esta es una realidad social a la que no podemos dar la espalda", dijo al respecto.
La concejala de IU-Verdes ha explicado que, por Ley, el Ayuntamiento está obligado a dar de alta en el padrón municipal a las personas que acrediten vivir en el municipio y que, en virtud de la normativa vigente, "no nos corresponde realizar ningún control sobre la legalidad o ilegalidad de la residencia de ninguno de nuestros vecinos". Del mismo modo, el Ayuntamiento debe aceptar las infraviviendas como domicilios válidos a la hora de realizar las inscripciones en el padrón. Esto es así porque el empadronamiento constituye la puerta de acceso a prestaciones públicas básicas, como la educación o la atención sanitaria de urgencias, derechos fundamentales amparados en la Constitución.
Sin embargo, la concejala de IU-Verdes cree que la "necesaria" búsqueda de equidad en salud o en educación, "no debe ser obstáculo para que los ayuntamientos garanticen el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad, seguridad y salubridad que, en virtud de las leyes, también son exigibles a cualquier vivienda".
Por eso, IU-Verdes apuesta por un plan que conjugue la dignificación de las condiciones de vida de las personas más vulnerables, mediante el incremento de la oferta de alquiler social a precio asequible y con seguridad jurídica para propietarios e inquilinos, con la lucha contra los abusos y los fraudes fiscales, especialmente los vinculados a los subarrendamientos que generan sobreocupación en las viviendas.
Las medidas de IU incluyen la redotación de los recursos humanos y técnicos de la concejalía de Vivienda y la creación, en un plazo de tres meses, de una comisión municipal sobre habitabilidad en las viviendas, integrada por técnicos de dicha concejalía y de las de Educación, Servicios Sociales, Seguridad Ciudadana y de la Oficina del Padrón Municipal, además de por representantes de los grupos municipales, de la Federación de Asociaciones de Vecinos, de la de Organizaciones de Mujeres y de agentes privados, como los administradores de fincas. El objetivo es "crear mecanismos de coordinación, cooperación y colaboración entre todas las partes implicadas".
También en el plazo no superior a tres meses, el Ayuntamiento debería poner en marcha una Oficina Municipal de Vivienda y el programa 'Lorca Alquila' como servicio de mediación gratuito e integral que sirva de de estímulo a los propietarios para poner en el mercado de alquiler viviendas destinadas a las personas con dificultades para acceder a él. Entre los servicios se incluirían la gestión de una bolsa de viviendas de alquiler social, asesoramiento jurídico-fiscal para la redacción de los contratos, cláusula de sometimiento al arbitraje en caso de conflicto, seguro de impagos durante un año y asesoramiento sobre deducciones fiscales y ayudas públicas.
Para incentivar la cesión de viviendas para alquiler social gestionadas por esta oficina municipal, IU solicitará aplicar bonificaciones del 95% del Impuesto de Bienes Inmuebles a sus dueños. Del mismo modo, pedirá que se promueva un acuerdo con las entidades financieras propietarias de inmuebles permanentemente desocupados, para que los pongan a disposición de la bolsa de alquiler. "En caso contrario, exigimos que se aplique un recargo del 50% en el IBI el máximo que permite la ley a los bancos que tengan viviendas vacías", dijo Martín.
Por último, y entre otras medidas, IU pedirá que el Ayuntamiento ponga en conocimiento de la Administración tributaria aquellos hechos o situaciones que puedan ser constitutivos de infracciones fiscales relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones tributarias de los arrendadores. "El peso de Hacienda debe recaer sobre quienes, con total falta de escrúpulos, están haciendo negocio con las necesidades más urgentes de los seres humanos", concluyó Martín.