IU exige rigor y seriedad en la imposición y el cobro de las multas relacionadas con la pandemia en Lorca
El Portavoz municipal de IU-Verdes, Pedro Sosa, ha explicado esta mañana que de toda la batería de propuestas de IU en materia de sanciones y seguridad ciudadana relacionadas con el control del COVID-19 en Lorca, que fueron aprobadas en el Pleno Municipal ordinario del pasado octubre (compra de equipos de protección a través de la FEMP, creación en la plantilla de Policía Local un "Grupo Específico de Intervención" relacionado con la crisis sanitaria, posible sustitución de multas por prestación de servicios en beneficio de la comunidad y petición de información a las administraciones sancionadoras), apenas se ha implementado la que tiene que ver con la solicitud de información del estado de tramitación de las multas.
Precisamente Sosa ha centrado su intervención en la respuesta que da la Delegación del Gobierno en Murcia a la pregunta que se formuló en octubre. Una pregunta que iba dirigida tanto a esa Delegación, como a la Consejería de Sanidad, de la que aún no sabemos nada.
En aquel mes de octubre el concejal de Seguridad Ciudadana llegó a afirmar que la Policía Local había remitido nada menos que 2170 denuncias a las administraciones competentes en cada momento: a la del Estado en la primera fase de la pandemia, cuando éste asumió todas las competencias con la aprobación del "estado de alarma, y a la Consejería de Sanidad en el momento posterior.
Ahora nos enteremos que de esas 2170 denuncias, con seguridad 448 fueron directas a la Delegación del Gobierno, y, de ellas, solo 48 han ocasionado la iniciación de unos procedimientos de los que no sabemos su actual estado de tramitación. En definitiva la Delegación del Gobierno está reconociendo que un 90 por ciento de todo el trabajo realizado por la Policía Local poniendo multas a los incumplidores en Lorca "podría ir a la basura".
Sosa ha recordado que una de las principales funciones teóricas del derecho sancionador, de la sanción como instrumento jurídico, no es otra que la de la prevención general, disuadir a los administrados, con la amenaza de una sanción económica o de otra prestación obligatoria, frente a la realización de conductas infractoras. Pero, afirma el Concejal de IU, con este porcentaje tan escaso de tramitación lo que está claro es que los incumplidores (los de los botellones, los que no se ponen mascarilla, los que se saltan las normas sanitarias, los que incumplen toques de queda y estados de alarma), esos, se están riendo tanto de la Policía Local de Lorca, que hace su trabajo bien, como de los ciudadanos que cumplen con las normas, como de la dejación y a la ineficiencia de la administración sancionadora.
Sosa ha pedido seriedad con estas cosas y rigor en la aplicación de la Ley y no ha descartado pedir dimisiones políticas cuando dispongamos de la totalidad de la información sobre la eficacia sancionadora de las tres administraciones con relación al COVID.