A pesar de que el alcalde de los socialistas conoce el problema desde el pasado mes de julio, ni ha reunido a la comisión especial de cuentas, ni ha explicado el asunto a la Junta de Portavoces, ni ha solicitado ningún documento al área económica para prever las consecuencias.
Los servicios técnicos del Ayuntamiento de Lorca elaborarán un informe detallado sobre el impacto que tendría en las arcas municipales la devolución de los 9,5 millones de euros que la empresa Iberdrola reclama al Consistorio Municipal, gracias al compromiso arrancado por la iniciativa del Partido Popular elevada a través de una moción en el pleno de ayer.
Queremos que los lorquinos sepan qué es lo que está pasando, porque un problema de esta envergadura, que podría hipotecar a generaciones de lorquinos como sucedió con los convenios urbanísticos trampa del PSOE, no se puede ocultar a la gente.
Vamos a seguir trabajando para que este Ayuntamiento proceda a la inmovilización de estos 9,5 millones de euros. De momento, nuestra labor ha hecho posible que los grupos políticos y agentes sociales vayan tomando conciencia de la situación, y nos han trasladado su preocupación ante tales hechos, considerando que se tiene que ofrecer una respuesta adecuada. Coincidimos plenamente en este sentido, y subrayamos que el problema merece que se actúe con mucha cautela.
Lo que nadie alcanza a comprender es cómo es posible que el actual alcalde siga haciendo como que aquí no pasa nada con el gravísimo problema que tenemos en ciernes. Si el Sr. Mateos actuara con la responsabilidad y seriedad que exige este asunto, hubiera sido él quien pidiera la elaboración de este informe, de hecho, es inaceptable que a estas alturas aún no dispongamos de un documento que advierta de las consecuencias que tendría en las arcas municipales. Lo que está haciendo en una temeridad
Rosa María Medina ha recordado que la devolución de los 9,5 millones de euros que Iberdrola reclama al Ayuntamiento de Lorca "conllevaría, entre otras consecuencias directas", la imposición de un severo Plan de Intervención Económico-Financiero contra las arcas municipales, que se traduciría en más subidas de impuestos y tasas a los lorquinos, que son los que realmente terminarían pagando "la imprudencia cometida por el actual alcalde, que ya se ha gastado el dinero que permanecía reservado en las arcas municipales mientras gobernó el Partido Popular".
Lo que "no nos podemos permitir los lorquinos es volver a encontrarnos los mismos problemas que había en 2007 cuando cerremos el paréntesis actual. Por eso tenemos que actuar cuanto antes. Lorca no se merece que los políticos que nos gobiernan repitan los graves errores del pasado. No queremos otro golpe como el de los convenios urbanísticos trampa, aprobados en solitario por el PSOE en 2005, y que hoy, 16 años después, aún estamos pagando".
El ayuntamiento tiene una espada de Damocles encima que puede caer en cualquier momento, y "no se ha tomado ninguna medida para prever semejante destrozo. Es absurdo que el Sr. Mateos plantee la adopción de ningún acuerdo relacionado con la economía del Ayuntamiento si no reserva ya los 9,5 millones de euros que podemos perder, ni ordenanzas fiscales, ni presupuestos. El actual alcalde lo sabía desde Julio y sigue sin hacer nada, es un suicidio económico".
Resulta frívolo que a pesar de que sabe desde julio que no podía gastarse estos 9,5 millones de euros, se los ha fulminado en cuestiones tan importantes como comprar coches por un importe de 800.000 euros, rescatar Limusa tras arruinarla por 500.000 euros, y así hasta cinco millones de euros de gasto en menos de un año".
Al contrario de lo que ha hecho el Sr. Mateos, Fulgencio Gil adoptó la decisión de no hacer uso de ese dinero, y así lo anunció a los lorquinos en febrero de 2019, "el dinero de la sentencia que equivale al 11,5 por ciento del presupuesto va a permanecer ingresado en las arcas municipales hasta que no haya sentencia firme. No se van a generar partidas de gasto con cargo a esa partida". Así, esta cantidad permaneció intacta en la Tesorería Municipal, que contaba con 12 millones de euros gracias a la gestión de Fulgencio Gil, así como 6,5 millones de euros de superávit anual.