Las asociaciones y colectivos lorquinos del tercer sector están sufriendo graves pérdidas económicas al no poder celebrar sus habituales actos solidarios, que suponían una fuente de ingresos vital para el desarrollo de sus proyectos y la prestación de sus servicios.
Las oenegés lorquinas están sufriendo de forma particular los efectos de la actual crisis socioeconómica, ya que debido a las restricciones sociales establecidas para combatir la pandemia, no están pudiendo organizar sus habituales encuentros, reuniones y actos solidarios, unos eventos que les permitían obtener recursos económicos con los que desarrollar sus proyectos de atención social.
Ante esta situación, la concejal de Servicios Sociales en el ayuntamiento de Lorca por el Partido Popular, Mayte Martínez, ha propuesto que el ayuntamiento ofrezca un gesto de solidaridad, sensibilidad y comprensión para ayudar a estos colectivos, que se materializaría en la aprobación durante el primer trimestre del año de los convenios que se establecen con dichas entidades y asociaciones, y se les proporcionen estos recursos económicos también en los primeros 90 días del año. De esta forma, los colectivos del tercer sector podrían establecer sus respectivos presupuestos con mayor rigor y se les despejaría la incertidumbre actual, puesto que ya sabrían de antemano cuánto dinero van a recibir y cuándo lo van a tener. Esta iniciativa será elevada al pleno del ayuntamiento del próximo lunes a través de una moción
La situación actual de la pandemia mundial de la Covid-19 ha provocado que ciertos grupos de riesgo, hablamos de los grupos de personas más vulnerables, se vean obligados a permanecer protegidos en sus casas, no pudiendo realizar muchas de las actividades que antes eran tan necesarias para ellos en sus asociaciones. Como todos sabemos, la administración es en parte responsable de que estas asociaciones estén amparadas y continúen con sus servicios sin detrimento de la ayuda que dan tanto a los propios usuarios como a sus familias. Estos servicios que ofrecen a la comunidad, aligeran de esa carga al servicio público, favorecen la labor social que casi siempre es realizada altruistamente por voluntarios, y cubren el hueco que deja la administración en este tercer sector.
Estas asociaciones, además de tener que cambiar la manera de relacionarse con sus usuarios, han visto como han disminuido de forma drástica, por culpa de esta crisis socioeconómica y sanitaria, sus cuotas de asociados, sus actividades sociales recaudatorias y promocionales, y en cambio se han disparado los gastos. Su adaptación llega desde tener que contratar a más profesionales para atender individualmente a sus usuarios, como a duplicar el tiempo de atención, al tener que de cumplir con las medidas de distanciamiento sanitario que requiere el Covid-19. Es decir, con los mismos recursos que disponían en años anteriores, ahora pueden atender a un porcentaje mucho menor de usuarios, todo les cuesta más trabajo.
En estos momentos las asociaciones más que nunca, necesitan ser conocedoras de su presupuesto real con antelación para no tener que prescindir de los profesionales necesarios a final de año por falta de recursos económicos. Necesitan saber con exactitud cuál es el dinero que dispondrán de sus asociados, números que son difíciles de prever debido a la baja constante de benefactores, lo cual hace estrictamente necesario conocer el importe que van a recibir de la administración local a primeros de año para organizar sus actividades y poder mantener abierta la asociación. Ahora bien, es de vital importancia para estas Asociaciones, no solamente conocer el importe objeto de la subvención para elaborar el presupuesto anual, sino que necesitan tener la certeza que en los primeros meses del año ya pueden disponer de la cantidad asignada a cada una de ellas, para ir realizando los pagos tanto de gastos ordinarios, como de los gastos de profesionales especializados y de proveedores, cumpliendo con los fines sociales y asistenciales que prestan desde el primer día de cada año a sus usuarios. De este modo se evita, además, generar un perjuicio económico a estos proveedores y profesionales, o bien tener que prescindir de los mismos, ante la incertidumbre de no saber si podrán afrontar el coste.