Los Grupos Municipales de PSOE e Izquierda-Unida Verdes han defendido una moción de urgencia en el Pleno del Ayuntamiento de Lorca para exigir al Servicio Murciano de Salud que garantice el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y su calidad asistencial dentro de la cartera de servicios del sistema público de salud para las mujeres de la Región de Murcia.

La moción contenía dos acuerdos. En el primero de ellos, el Ayuntamiento de Lorca exige al Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que, de manera inmediata, "adopte las medidas necesarias para acabar con la situación de desamparo y abandono que sufren las mujeres murcianas cuando tienen que someterse a una interrupción del embarazo, garantizando que la objeción de conciencia del personal facultativo no suponga la vulneración de sus derechos legales, reconocidos en la Ley Orgánica 2/2010". El segundo acuerdo, es otra exigencia al Gobierno autonómico de López Miras para que asegure la asistencia a las mujeres dentro del sistema sanitario público, de manera segura y en el hospital de referencia, aplicando los protocolos de atención física y psicológica necesarios para acompañarlas a ellas y a sus familias, especialmente cuando la interrupción del embarazo se produce por criterios médicos. Esto incluye "la etapa previa de toma de decisiones, durante la intervención y tras ésta, con el oportuno seguimiento posterior".

La iniciativa ha podido ser debatida gracias al voto de C's, que ha votado favorablemente tanto la urgencia como los acuerdos contenidos en la moción. El PP ha votado en contra del primer acuerdo y se ha abstenido en el segundo, y VOX ha rechazado ambos.

La iniciativa surge después de que la Región de Murcia lleve días en el punto de mira de todo el país después de la emisión en televisión de un reportaje con el que se ha dado voz a las mujeres que se ven obligadas a interrumpir voluntariamente su embarazo en condiciones "indignas" y sufriendo un "trato deplorable y deshumanizado" en clínicas privadas de otras comunidades autónomas a las que son derivadas "como si fueran proscritas".

Así lo han explicado la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Lorca, Antonia Pérez, del PSOE, y la edil de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín. Ambas han señalado en un comunicado conjunto que no es cierto que el 95% de los facultativos que integran las plantillas de las áreas de Ginecología de los hospitales públicos de la Región sean objetores de conciencia. "Ahora sabemos que el 75% de los/as ginecólogos/as estarían dispuestos a practicar un aborto en algunas circunstancias, el 50% en cualquier circunstancia y solamente un 25% de los profesionales se niega por cuestiones relacionadas con sus creencias religiosas personales". Es decir, nada impide poner en marcha este servicio "mañana mismo".

Antonia Pérez y Gloria Martín han defendido que las mujeres de la Región de Murcia puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, amparado en la Ley, "de forma segura, gratuita y dentro de la cartera de servicios del sistema público de salud". "Que no se garantice este derecho en nuestra comunidad autónoma no tiene que ver sólo con la objeción de conciencia de determinados profesionales, que no son la mayoría, sino también con motivos religiosos y políticos que no pueden estar, jamás, por encima de la ciencia, de la ley ni de la seguridad de las mujeres. Así lo vienen defendiendo desde hace años desde el movimiento feminista y las asociaciones que defienden la sanidad pública en la Región. Una lucha que ahora ha tomado fuerza gracias a las denuncias realizadas en los medios de comunicación por "mujeres valientes que han tenido que padecer este calvario, por profesionales que quieren tratar adecuadamente a las pacientes que se encuentran en esas circunstancias, y por periodistas que han arrojado luz y verdad ante este grave problema".