• La inmensa mayoría de los lorquinos está en contra de que se indulte a uno grupo de delincuentes que trataron de romper España. El PP presenta en el pleno de esta mañana una moción para que Lorca muestre su oposición a la medida de gracia que el presidente del Gobierno pretende conceder para seguir en Moncloa, al precio que sea necesario.

El Presidente del Partido Popular de Lorca, Fulgencio Gil, ha afirmado que el Ayuntamiento de Lorca no puede permanecer de brazos cruzados ante el anuncio de Pedro Sánchez de indultar a los independentistas catalanes condenados por sedición y malversación de caudales públicos, y que trataron de romper la unidad de España, llegando incluso a declarar una república inexistente.

Fulgencio Gil ha indicado que el Pleno del Ayuntamiento debe expresar su respaldo incondicional y absoluto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico español como garantes de la integridad y unidad de la Nación y del Estado de Derecho y la democracia en nuestro país, así como manifestar su apoyo sin fisuras a la labor que realizan todos los días los diferentes Tribunales de Justicia españoles, con especial mención al Tribunal Supremo, que ha dejado en evidencia la verdadera intención del Gobierno al defender el indulto, que nos es otra que su mera supervivencia política, al recordar que "algunos de los que aspiran al beneficio del derecho de gracia son precisamente líderes políticos de los partidos que, hoy por hoy, garantizan la estabilidad del Gobierno llamado al ejercicio del derecho de gracia".

Vamos a reclamar que el Consistorio Municipal inste al Gobierno de España a respetar la independencia de las diferentes instituciones del Estado y las decisiones judiciales y a no conceder el indulto a aquellos que han vulnerado, como ha declarado probado el Tribunal Supremo, no sólo nuestra Carta Magna sino también otras leyes españolas y que, como han repetido en numerosas ocasiones, pretenden reincidir en el delito de sedición.

En octubre de 2017, diversos partidos y miembros del Gobierno de Cataluña organizaron un referéndum ilegal con el objetivo de separar esta Comunidad Autónoma del resto de España y quebrar la indisoluble unidad de nuestro país reconocida en la Constitución Española.

Además, proclamaron de forma ilegal la independencia y la constitución de una inexistente y ficticia "república catalana".

Por ello, dos años después los impulsores de estos actos (Oriol Junqueras, Carme Forcadell, etc.) fueron condenados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en Sentencia 459/2019, de 14 de octubre, a penas que oscilaban entre los 9 y los 13 años de prisión, así como a penas de inhabilitación.

El Alto Tribunal, después de un largo y exhaustivo juicio cuyas vistas orales se prolongaron durante semanas, consideró probado que dichos condenados habían cometido delitos de sedición y/o malversación de caudales públicos tipificados en el Código Penal.

En el momento de conocerse la sentencia, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez "garantizaba tanto a la ciudadanía catalana como al conjunto de la ciudadanía española que esa sentencia se iba a cumplir en su totalidad" puesto que "nadie está por encima de la ley" mientras que otros miembros de su gobierno defendían que las penas impuestas debían cumplirse íntegramente. Sin embargo, las declaraciones públicas del Gobierno y sus actos recorrían caminos distintos, y poco tiempo después, el gabinete propone realizar una modificación del delito de sedición, incluida dentro una reforma más amplía del Código Penal, que supondría una rebaja de las penas a los condenados por el 1-O.

En las últimas semanas, Pedro Sánchez ha dado un nuevo giro, en el cual tanto el presidente Sánchez como su gobierno manifiestan públicamente su voluntad de indultar a unos condenados en firme por el máximo órgano jurisdiccional de España, que no sólo no han mostrado ni un ápice de arrepentimiento, sino que han dejado claro (tanto en el juicio, al ejercer su derecho a la última palabra, como en declaraciones posteriores) que tienen intención de reincidir en los delitos cometidos. Además, tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo se oponen al indulto.

El Alto Tribunal, en un demoledor informe aprobado por unanimidad de sus Magistrados, explica que lo que pretenden el Presidente Sánchez y su gobierno es retorcer la naturaleza del indulto y cuestionar "los presupuestos que hacen legítimo el ejercicio de la función jurisdiccional".

Fulgencio Gil ha afirmado que lo que no puede tolerarse bajo ningún concepto en una democracia plena que se ejerce en el seno de un Estado de Derecho es que se cuestione la separación de poderes y el funcionamiento de la Administración de Justicia española, atacando a un pilar fundamental del Estado, como hacen permanente y descaradamente los independentistas. Nos enfrentamos por tanto a una situación inédita en nuestra reciente historia, de extrema gravedad porque supone quebrantar la Ley, la Justicia y el Derecho, claudicando ante quienes solo aspiran a socavar los cimientos de nuestra convivencia libre y democrática.

Esta propuesta del presidente del PP lorquino será elevada al pleno del Ayuntamiento a través de una moción de urgencia esta misma mañana.