Defienden la necesidad de mejorar la regulación de unas instalaciones industriales cuyos efectos negativos son ambientales y sociales.
Ecologistas en Acción muestra su rotundo rechazo ante el asalto cometido en el Ayuntamiento de Lorca con el que se impidió el pleno para la aprobación de la reforma del PGOU.
Un hecho claramente antidemocrático, que supone un gravísimo atentado contra las instituciones elegidas por el pueblo, ya que con la invasión se ha pretendido coaccionar a los grupos políticos e impedir el ejercicio legítimo de la actividad democrática, como es la modificación de un Plan General.
El asalto a las dependencias del Ayuntamiento no responde a los intereses de los ganaderos de Lorca sino a los intereses particulares de las grandes empresas de explotación porcina de Lorca, que parecen haber instrumentalizado a los ganaderos en general, sin distinción, con informaciones falsas y haciéndoles creer que los intereses de todos se iban a ver afectados, cuando en realidad no es así. Los argumentos que tratan de justificar la oposición a la modificación del PGOU, y para hacerlo a través de una exhibición de fuerza y coacciones, son falsos y en realidad esconden el interés de las grandes empresas de explotaciones porcinas, que pretenden mantener sus privilegios, incluyendo el desprecio generalizado por la contaminación, los malos olores y otros impactos al medio ambiente y a la salud y calidad de vida de la población cercana.
Así, se intenta justificar las coacciones antidemocráticas por la supuesta falta de un régimen transitorio que evitara la aplicación de la modificación a unos proyectos ya presentados, cuando esos proyectos (catorce) son completamente inaceptables, pues pretenden ampliar explotaciones a más de 7000 cabezas en zonas cercanas a la población. Justamente, estos proyectos pertenecen a las empresas industriales integradoras y no a ganaderos.
Otro argumento falaz es el de los informes de las diferentes administraciones, que son un requisito legal ya existente, con el objetivo de defender el interés general de la ciudadanía frente a intereses privados, y no son fruto de la reforma propuesta.
En el municipio de Lorca existe una clara confrontación entre el interés mayoritario de la población, e incluso el interés de los pequeños ganaderos, con el interés especulativo de las grandes empresas del porcino, que anteponen sus beneficios al medio ambiente, a la salud, y a la calidad de vida de los lorquinos. La situación actual es totalmente inaceptable por el grado de deterioro que se está alcanzando en el municipio de Lorca, con la actividad desarrollada por las explotaciones porcinas. Muchos vecinos y vecinas denuncian que el olor es insoportable, la contaminación por amoniaco es patente siendo la región la segunda zona más contaminada de España por este motivo y estando por determinar los efectos sobre la salud de la población. Muchos se quejan de que las moscas no les dejan vivir, y de que los acuíferos están cada vez más contaminados por nitratos, mientras la sobreexplotación seca los pozos y manantiales de toda la vida. Recuerdan que hay en torno a 1.565.000 cerdos censados en el municipio, a los que hay que sumar los no censados. La situación es insostenible a nivel medioambiental, y también a nivel social.
Por ello es extremadamente necesaria una regulación que proteja a la población y al medio ambiente. Aunque esta imprescindible regulación parece que no es el de agrado de las grandes empresas porcinas, lo que parece ser la razón de fondo del injustificable y antidemocrático asalto sufrido este lunes.
Ecologistas en Acción se reafirma en que, ahora más que nunca, la modificación del Plan General debe de aprobarse en los términos establecidos, sin permitir ningún tipo de injerencia ni coacción como la acontecida. Se trata de una modificación absolutamente imprescindible para reducir, o al menos no permitir que sigan aumentando, los ya insostenibles impactos ambientales y sociales de las explotaciones de la industria porcina en el municipio de Lorca.
Y recuerdan que ninguna actividad económica, tampoco las explotaciones porcinas, tiene derecho a acumular beneficios privados a costa de la salud de la población, a costa de su calidad de vida y a costa de destruir el paisaje, el medio ambiente y el territorio, necesarios para un desarrollo sostenible y con futuro.
Finalmente, consideran que el asalto al Centro de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Lorca para impedir el Pleno Municipal es propio de estados antidemocráticos, y es totalmente inadmisible en un Estado de Derecho. Por ello reclaman que aquellas personas que lo han cometido, pero también quienes lo han instigado y/o justificado, han de ser investigadas y sancionadas de forma ejemplar, para evitar que vuelvan a producirse. Desde las instituciones democráticas se debe lanzar el mensaje claro de que ninguna persona ni sector económico están por encima del Estado de Derecho, de la normativa vigente y de los procedimientos democráticos establecidos para preservar el interés general del pueblo y defenderlo de intereses privados, como es el caso.