• La presión del Grupo Popular obliga al PSOE a convocar esta Comisión Municipal, que se reunirá el próximo martes día 10 de enero a las 12:30 en el Salón de Plenos, dos meses después de que se conociera la sentencia que abre un escenario de preocupación, ya que existen otros casi 90 contenidos en el Plan General.

• Mateos tendrá que aclarar ante esta Comisión por qué ocultó deliberadamente a los miembros de la Corporación Municipal que esta condena confirma otra anterior de la que él tenía conocimiento desde hace más de dos años y medio (julio de 2021).

El trabajo de fiscalización y seguimiento realizado por el Grupo Municipal Popular ha obligado al PSOE a convocar la Comisión de Territorio, Infraestructuras y Gobernación, que ha quedado fijada para el próximo martes día 10 de enero. A ella están convocados los representantes de los diferentes partidos políticos que cuentan con concejales en nuestro Ayuntamiento con el objetivo de que el actual gobierno explique qué ha provocado que los tribunales de justicia cambien su criterio y comiencen ahora a condenar al Ayuntamiento a devolver el dinero a los promotores de convenios urbanísticos incluidos en el planeamiento municipal.

Ante un asunto de semejante envergadura y trascendencia para el bolsillo de los lorquinos, exigimos que en esta reunión comparezca el alcalde de los socialistas, el Sr Mateos. Huelga decir que su presencia y participación es inexcusable como máximo responsable de la gestión de su gobierno, que está perdiendo en los tribunales este tipo de denuncias. Hasta la fecha, y pese al intento del Mateos de ocultar el tema para que nadie se enterara, los lorquinos vamos a tener que pagar más de 750.000€ por uno de estos convenios de planeamiento.

Hemos de recordar y aclarar que los convenios de planeamiento son diferentes a los denominados "trampa", que también fueron firmados y aprobados en solitario por el PSOE pese al rechazo expreso formalizado incluso en el Pleno del Ayuntamiento del resto de formaciones políticas con representación municipal.

No nos vale que el Sr Mateos caiga otra vez en la tentación de desviar la atención sobre la gravedad de estos hechos, sino que exigimos su presencia para que explique por qué en lugar de explicar lo sucedido, optó por desinformar, declarando a los medios de comunicación que este convenio era de los conocidos como trampa, cuando sabía perfectamente que eso era falso.

La responsabilidad de esta sentencia condenatoria contra el ayuntamiento recae exclusivamente en el Sr Mateos, que es el que tiene que informar detalladamente de lo que sucede. No sirve que intente desviar la responsabilidad ni las explicaciones en técnicos municipales, sino que tiene que dar la cara ante el evidente error político y de gestión en materia de urbanismo que ha provocado el cambio de criterio de los jueces.

Mateos tiene que presentar explicaciones detalladas sobre los motivos que han provocado que los tribunales de justicia, en concreto el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 5 de Murcia y la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, hayan condenado a nuestro Ayuntamiento a pagar más de 750.000€ a los promotores de un convenio de planeamiento, aprobado en solitario por los socialistas en el año 2005.

No es sólo que esta condena judicial no vaya a cerrar los procesos contra el Ayuntamiento por convenios urbanísticos, sino que puede tener un efecto dominó, porque es la primera vez que el Consistorio es condenado con sentencia firme a devolver el dinero de este tipo de convenios urbanísticos. Entre otras cuestiones, el alcalde del PSOE tendrá que aclarar ante esta Comisión por qué ocultó deliberadamente a los miembros de la Corporación Municipal que esta condena confirma otra anterior de la que él tenía conocimiento desde julio de 2021.

El juez basa su condena en que el ayuntamiento incumplió su obligación de conceder licencia a los promotores en un periodo de 6 meses tras solicitarla, es decir, antes de noviembre de 2006, compromiso que también figura en el resto de convenios de planeamiento.

Hemos de recordar que el PP no aprobó este convenio en el pleno de 2005, y nuestro portavoz, Francisco Jódar, alertó de que estaban "haciendo un uso abusivo de los convenios urbanísticos", añadiendo que "su abuso supone efectos perniciosos y antisociales", y además anticipó que "surgirán dificultades para la aprobación de los oportunos planes parciales, lo cual puede generar dificultades para las próximas Corporaciones al encontrarse con procedimientos judiciales que pidan la devolución de las cantidades adelantadas".