La solicitud atiende a los cauces que transcurren por el término municipal de Lorca, Rambla de la Torrecilla, Rambla Alta, Barranco Burruezo, Béjar, Biznaga y Nogalte, que desembocan en el Río Guadalentín

Ahora, el Ministerio de Transición Ecológica, que es la parte demandada, tiene un plazo de 20 días para dar respuesta a través de la Abogacía del Estado

"Ayer presentamos la demanda ante el Tribunal Supremo reclamando la revisión y actualización del Plan de Gestión de Riesgo de Inundación de la Cuenca del Segura. Aunque viene de lejos, en noviembre comenzamos los trámites legales con el objetivo último de la defensa de los intereses de los ciudadanos del municipio de Lorca afectados por el último mapa de zonas de flujo preferente frente a inundaciones hecho público por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), organismo dependiente del Gobierno Central, elevando ahora al máximo nivel el recurso".

Así lo ha indicado el edil de Grandes Infraestructuras y Pedanías del Ayuntamiento de Lorca, Ángel Meca, que ha dado los detalles del proceso y su base argumental, junto a la edil de Medio Ambiente, María Hernández.

"El motivo fundamental es que entendemos que no es posible fijar correctamente las zonas de flujo preferente en el municipio sin antes delimitar el Dominio Público Hidráulico en los cauces que transcurren por el término municipal de Lorca, Rambla de la Torrecilla, Rambla Alta, Barranco Burruezo, Béjar, Biznaga y Nogalte, que desembocan en el Río Guadalentín. Es una incongruencia aprobar los Planes de Gestión de Riesgo de Inundaciones en la cuenca del Segura sin haber delimitado éstos cauces. Y no hay que olvidar que estamos hablando de miles de hectáreas, pérdidas superiores a los 100 millones de euros y miles de vecinos del municipio que se pueden ver afectados, de manera definitiva, por el último mapa de zonas de flujo preferente frente a inundaciones hecho público por la Confederación, si no se atienden nuestras reclamaciones; reclamaciones que llevamos haciendo desde hace años", ha apuntado la edil de Medio Ambiente.

La parte demandada, el Ministerio de Transición Ecológica, tiene un plazo ahora de 20 días, para dar respuesta a esta demanda, a través de la Abogacía General del Estado. "Aunque estemos hablando de 20 días, nos encontramos frente a un procedimiento largo, que puede durar, aproximadamente, un año", ha adelantado Meca.

El objeto del recurso es el RD 26/2023, de 17 de enero, por el que se aprueba la revisión y actualización de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico occidental, Guadalquivir, Segura, Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, Ebro, Ceuta y Melilla.

En nuestro caso, pedanías como Río, Campillo, La Torrecilla, Purias, Cazalla, Ramonete, Aguaderas y La Hoya, entre otras, se verán perjudicadas por las delimitaciones asociadas a diversos tramos de lasÁreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundacionesmarcadas por el Gobierno Central a través de la Confederación.

"Solo decir, por ejemplo, que la Confederación, después del año 2019, ha practicado varias revisiones de la cartografía, eliminando en unos casos más de 700 hectáreas de zonas de flujo preferente, o de 1.601 hectáreas en la última, y dando de alta nuevas zonas; 744 hectáreas en la Región de Murcia como zonas de flujo preferente, lo que pone de manifiesto la imprecisión y falta de rigor en la delimitación de las zonas de flujo preferente. ¿Alguien ha pensado, por un momento, en que mantener el último Plan de Gestión de Riesgo de Inundación de la Cuenca del Segura supone arruinar a miles de vecinos propietarios de los terrenos agregados? Porque conlleva que no pueda realizar ningún tipo de actividad en ellos, ni construir, ni desarrollar actividades profesionales", ha esgrimido el concejal de Grandes Infraestructuras.

Y es que "el municipio de Lorca cuenta con unas características geomorfológicas, ecológicas, hidrológicas e hidráulicas muy concretas y extremadamente particulares, y es fundamental realizar una correcta determinación del Dominio Público de los cauces que lo atraviesan. Y estos aspectos conforman, precisamente, uno de los argumentos esgrimidos en la demanda; ya que debido a ello existe un riesgo natural importante de inundación; riesgo que se minimizaría con las presas de laminación de Béjar, Torrecilla y Nogalte y el canal de evacuación de Biznaga, además de queevitarían condenar a los afectados a no poder hacer ningún tipo de edificación en sus tierras. En definitiva, contar con una cartografía 'ad hoc' de riesgo en la cuenca del Segura es un paso previo inexcusable y esencial para poder llevar a cabo una gestión eficaz de las zonas inundables. Hubiéramos querido, y lo hemos intentado, realizar de manera conjunta entre ambas administraciones la revisión de los mapas, sobre todo porque no se ajustan a la realidad", ha concluido Hernández, no sin antes agradecer a la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) "su colaboración en los aspectos técnicos, a la asesoría jurídica municipal y al letrado Mariano Valverde por su contribución".