Ese intento de legalización de lo ilegal por la “puerta de atrás” causará perjuicios a muchos vecinos de Lorca, afectará al medio ambiente, a la calidad del aire que se respira, a la calidad del agua y del suelo que se puede estar contaminando por nitratos, a la correcta ordenación del territorio, a la buena armonización de los usos del suelo en Lorca, y también a la indeseable normalización de una competencia “desleal” con los ganaderos que hacen bien las cosas
El portavoz local de la coalición de izquierdas (IU-P-AV), Pedro Sosa, ha planteado esta mañana a través de una rueda de prensa su oposición y la de su grupo a la prevista legalización de 30 granjas porcinas ilegales. Se trata de instalaciones ganaderas que por estar “fuera de ordenación” se les concedió un plazo generoso de varios años para su traslado o para su cese, y ese plazo ya ha llegado sin que sus titulares hayan “movido ficha”.
Sosa ha adelantado que al sector porcino, tan importante para la economía local, no se le ayuda, planteando legalizaciones de lo ilegal. Eso implica, afirma Sosa, una más que evidente “competencia desleal” entre los ganaderos incumplidores que ahora quieren proteger los gobiernos regional y local de PP y VOX, y aquellos ganaderos que cumplen con las normas, que respetan la salud y la calidad de vida de sus vecinos, que no contaminan el medio ambiente, y que se gastan su dinero en hacer las cosas bien para no atentar al interés general.
El concejal de izquierdas ha planteado que la Orden de la Consejería de Agricultura a la que quieren “agarrarse” la derecha política y los incumplidores es una orden ilegal y lo saben. Se pisotea a sabiendas tanto la Ley del Suelo como la Ley de Protección Ambiental Integrada. No se pueden “puentear” las leyes que afectan a todos, sostiene Sosa, ni tampoco se pueden “puentear” a los órganos consultivos de la administración: ni al Consejo Jurídico de la Región, ni al Consejo Económico y Social (CES) ni a los propios servicios jurídicos de la CARM. Las leyes afectan a todos, también a los ganaderos que cumplen, y con esa Orden que sólo beneficia a esa parte de ganaderos que, haciendo competencia desleal con los primeros, incumplen, se atentan contra muchas cosas incluida la competencia leal que debe existir entre los empresarios de éste o de cualquier otro sector de la economía.
Una Orden no puede implicar de facto una nueva regulación legal y quienes ahora pretenden hacerlo en contra del interés general saben que los tribunales de justicia les van a quitar la razón. Hacer eso “a sabiendas” es un delito tipificado en el Código Penal español y quienes adopten decisiones basadas en ella podrían tener problemas muy serios con la justicia, afirma Sosa
De otro lado, los gobiernos municipal y regional del PP y VOX deben explicar a todos los lorquinos: qué granjas ilegales quieren legalizar ahora, dónde se ubican, a qué pueblos y a qué pedanías condenarán a soportar malos olores y nubes de moscas, qué acuíferos y qué suelos, en su caso, seguirán contaminándose, a qué vecinos de Lorca le restarán valor a sus casas y propiedades, qué sitios y espacios naturales protegidos pueden verse afectados y quiénes son los que saldrían beneficiados económicamente de esta medida.
Para el portavoz de la coalición de izquierdas es impropio de unos gobernantes como los que tenemos, que siempre se sienten a negociar con los incumplidores y nunca lo hagan con los pueblos y los vecinos a quienes perjudican con esos incumplimientos.
Sosa ha concluido afirmando que el municipio de Lorca debería ordenar mucho mejor su modelo productivo, hacerlo más diverso, adoptar medidas de “vista larga” que den mayor peso a la economía que generan los sectores secundario y terciario. En Lorca se ha creado un modelo económico injusto, poco distributivo y con los pies de barro, donde unos pocos ganan mucho, y la mayoría social debe soportar “callada y resignada” las consecuencias sociales, económicas y ambientales de las actividades de esos pocos.