El oficio del Ministerio de Trabajo ratifica la decisión del Gobierno de Lorca de sacar esta labor a concurrencia abierta, a pesar de la campaña de linchamiento público, acoso, escraches y manifestaciones promovida por la oposición, y obliga a la empresa a contratar a todos sus músicos, indicando que no existe relación laboral entre estos y el Consistorio.

El Gobierno de Lorca canceló el convenio en junio de 2023 para arreglar la situación heredada de la etapa 2019/23 y adecuar este asunto a lo solicitado por la Intervención Municipal en su informe de junio de 2021. El pliego para la adjudicación será elevado mañana a la Junta de Gobierno.

Diego José Mateos, alcalde en ese momento, solicitó y tenía sobre su mesa desde el 23 de junio de 2021 un informe en el que señalaba textualmente que "las actuaciones musicales deben ser objeto de un contrato de servicios", algo que omitió y ocultó al resto de grupos políticos.

El Ayuntamiento de Lorca recibió ayer un oficio del Ministerio de Trabajo en el que se le traslada un acta de liquidación que asciende a 437.403,73€, derivado de incumplir las conclusiones del informe de la Intervención Municipal trasladado al alcalde del momento el 23 de junio de 2021, en el que señalada de forma literal que "las actuaciones musicales deben ser objeto de un contrato de servicios adjudicado conforme a lo dispuesto en la normativa de contratos del sector público"

La concejal de Régimen Interior, María Belén Pérez, ha informado que esta comunicación del Ministerio de Trabajo, que no incluye acta de infracción y confirma que no existe relación laboral entre el Ayuntamiento y los miembros de esa empresa, da la razón al Gobierno de Lorca en todas y cada una de las medidas que ha tomado en relación con el servicio de la banda de música desde el mes de junio de 2023, "en cuanto asumimos responsabilidades de gobierno en el ayuntamiento tras ganar de nuevo las elecciones. Si el PSOE hubiera hecho lo que ahora estamos haciendo nosotros, nos habríamos ahorrado todo esto".

El concejal de Cultura, Santiago Parra, ha manifestado que este servicio no podía estar siendo prestado de la forma en la que lo estaba haciendo el PSOE, a través de un convenio, sino que tenía que haber sido objeto de un concurso público, tal y como advirtió la Intervención Municipal al gobierno de esos partidos en junio del año 2021. Estaban haciendo las cosas mal, y lo peor es que lo hacían sabiendo perfectamente el problema que le estaban provocando al Ayuntamiento y a las arcas municipales. La realidad es que, al margen del alcance al Ayuntamiento, la incompetencia manifiesta del PSOE y su gravísima irresponsabilidad al omitir el informe del interventor, han metido en un lío considerable a la empresa que presta esta función y a todos sus miembros.

Exigimos de forma directa al Sr Mateos que aclare si hay más "pufos" de este tipo que vayan a seguir llegando al Ayuntamiento próximamente. Ya hemos tenido noticia de que también han judicializado las reclamaciones por el evento fallido de promoción turística en Madrid, otro ejemplo de la herencia envenenada que están teniendo que asumir los lorquinos provocado por los desmanes en la etapa 2019/23.

Cuando nos pusimos a arreglar el problema que nos dejaron, en vez de encontrar colaboración por parte de los que entonces tenían responsabilidades de gobierno, nos montaron escraches y manifestaciones en diferentes eventos, propagando bulos y fango, dentro de una campaña de linchamiento cimentada desde la falsedad, que incluyó insultos, ataques personales y un montón de mentiras, y todo ello por decir la verdad y tomar la decisión de hacer algo tan básico como que la administración del Ayuntamiento cumpla la normativa legal.

La sanción propuesta, que se refiere exclusivamente para el pago de las cuotas de la seguridad social, asciende a 437.403,73€, dirigida a la empresa que realiza esta labor, que también tendrá que asumir la contratación de todos sus componentes. El Gobierno de Lorca, al que se le requiere en este asunto con carácter solidario, va a defender los intereses de todos los lorquinos, por lo que ya hemos emprendido los trámites para recurrir esta sanción del Ministerio de Trabajo.

La situación era insostenible, había que corregir la forma de hacer las cosas, pero escondieron este informe en un cajón y se quedaron de brazos cruzados. Ha existido una falta total de respeto a la normativa y al cumplimiento de la normativa, por eso nos encontramos ante esta propuesta de sanción cuyas consecuencias afectan a la estabilidad económica del Ayuntamiento.

Pérez Martínez ha señalado que la pregunta es clara ¿por qué ocultaron el informe de la Intervención Municipal por el que tenían que haber sacado a pública concurrencia la prestación de esta asistencia de la banda de música? Si la pregunta es clara, la asunción de responsabilidades tiene que ser igual de directa: todos los cargos políticos implicados en la cadena de decisiones que ha provocado esta multa tiene que presentar su dimisión de forma irrevocable y urgente.

Estamos hablando de un caso en el que están involucrados al menos, y de forma encadenada, Diego José Mateos, alcalde de Lorca en 2021, junto a la concejal de Cultura, Nines Mazuecos, y el edil responsable de contratación, Isidro Abellán. Todos ellos eran perfectamente conocedores desde al menos el mes de junio del año 2021 de que la forma en la que estaban encargando el mencionado servicio era contraria a la normativa, pero en vez de abrir el necesario procedimiento de licitación y adjudicación, escondieron el informe en un cajón para tapar el asunto. Exigimos que ofrezcan explicaciones inmediatamente, antes de emprender otras vías por parte del Gobierno local. Ante la magnitud de los hechos, se hace preciso su dimisión inmediata y la entrega de sus respectivas actas de concejales por su evidente negligencia y el daño que causan a Lorca.

Santiago Parra ha señalado que este oficio del Ministerio de Trabajo da la razón al Gobierno de Lorca, tal y como también ha hecho recientemente el Ministerio de Cultural con las obras en la escalera de San Patricio, o el Ministerio del Interior sobre los datos reales de seguridad ciudadana en nuestro término municipal.

Cabe señalar que la magnitud económica de esta sanción supera incluso la de algunos convenios urbanísticos trampa, aprobados en solitario también por el PSOE años atrás.