Sosa pide que se inste al Fiscal General del Estado a investigar los vergonzosos acuerdos de conformidad que evitan el ingreso en prisión de los acusados confesos, y que el gobierno regional corrija sus protocolos en los centros de menores tutelados para evitar casos como los ocurridos en Murcia.
Pedro Sosa, portavoz de la coalición IU-P-AV, presentaba hoy ante los medios de comunicación una de las mociones que defenderá en el próximo Pleno municipal y que tiene como objeto lo que el propio edil ha calificado como "vergonzoso acuerdo de conformidad" entre la Fiscalía Superior de Murcia y siete empresarios murcianos, uno de ellos lorquino, para evitar la prisión de estos últimos, acusados confesos de delitos de abuso sexual a menores.
Sosa hace alusión en su moción a la distinta suerte que han corrido los diversos encausados en este proceso penal. Como se sabe, el pasado martes 15 de octubre la Audiencia Provincial de Murcia acordó el ingreso en prisión inmediato, durante seis años, de los tres máximos responsables de esa red de prostitución de menores: las llamadas "mamis" encargadas de captar a las víctimas y un conductor que las llevaba a los lugares en los que se consumaban los abusos sexuales.
No ha pasado lo mismo, afirma Sosa, con los empresarios abusadores. Como es sabido, el tribunal condenó el pasado día 11 de septiembre a siete de ellos por pagar por prostituir a las niñas, pero, un acuerdo con la Fiscalía y la aplicación de la atenuante de "dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento penal", que acumula diez años de retraso, han acabado con la imposición de condenas de entre cinco y quince meses, que, ante la ausencia de antecedentes penales de los acusados, evitan su ingreso en prisión.
Sosa afirma que una institución como el Ayuntamiento de Lorca, que representa democráticamente a todos los ciudadanos de un municipio cuyo nombre también está en boca de todos por la implicación en el caso de un empresario lorquino, debe aportar a este asunto una declaración de condena pública de estos delitos y de esos delincuentes y, sobre todo, una petición a los gobiernos con competencias en lo ocurrido para que adopten acuerdos, decisiones y medidas, que eviten en un futuro que los hechos vuelvan a reproducirse. Dos de estas peticiones se dirigirían al Gobierno de España y una tercera al Gobierno de la Región de Murcia
Así, de aprobarse la moción, el Ayuntamiento de Lorca instaría al Gobierno de España a que, a su vez, interese al Fiscal General del Estado, al amparo del artículo 8.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, a que incoe una investigación sobre los vergonzosos "acuerdos de conformidad" alcanzados entre la Fiscalía Superior de Murcia y los siete empresarios confesos de pederastia por haber abusado sexualmente de menores, que, por la dilación indebida del proceso judicial, van a evitar su ingreso en prisión.
De otro lado, afirma Sosa, hemos de aprovechar esta iniciativa para denunciar y la inexcusable falta de personal y de medios de la que traen causa fundamental los retrasos y las dilaciones de los procesos judiciales en toda España, y, de modo particular, en la Región de Murcia, y por ello solicita instar al Gobierno de España a que, dentro de su ámbito competencial, dote a los órganos judiciales de la Región de Murcia de los medios necesarios para poder llevar a cabo sus investigaciones de forma correcta y con la mayor celeridad posible. Sosa ha recordado aquí la famosa cita del filósofo clásico Séneca: "Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía".
Por último, que estos hechos afecten a menores tutelados en centros dependientes de nuestra comunidad autónoma también podría poner de manifiesto que hay cosas que corregir en ese ámbito. Sosa ha recordado que él no va a hacer la "política rastrera" que han hecho otros partidos en otras autonomías con casos ocurridos en centros de menores tutelados que guardan relación con lo acaecido en la región de Murcia. Así que el tercer acuerdo incorporado en la moción, que viene relacionado con esos centros de menores tutelados, consiste en "instar al Consejo de Gobierno de la CARM a que revise cuantos protocolos sea necesario revisar, a que implemente cuantas iniciativas sean precisas implementar, a que exija de otras administraciones obligadas a ello la aportación de cuantos fondos sea oportuno destinar, y que invierta lo preciso en todo ello, para evitar que en los centros de menores tutelados por la CARM puedan volver a repetirse casos como el que es objeto de esta moción".