Un año y medio, desde que en el caluroso mes de julio de 2023 tuvieran que abandonar una vivienda que se les venía abajo, es lo que lleva esperando una familia de San Pedro, alojada provisionalmente en el sótano de una construcción sin acabar, para que el Ayuntamiento de Lorca, titular de las obras de ejecución del vial de los barrios altos, asuma su responsabilidad patrimonial, analice los daños causados en esa vivienda, y afronte su reparación, tal y como exige la ley, para dejarla en el mismo estado en el que se encontraba antes de las obras públicas.
No es el único caso, con mayores o menores afecciones en las viviendas e inmuebles del barrio de San Pedro, habrá más de una docena de familias sufriendo los efectos de unas obras mal ejecutadas y también la falta de responsabilidad de un gobierno local que no les atiende.
Algunas de estas familias se daban cita esta fría mañana de enero en el garaje que hace de vivienda a una familia de ocho miembros, y junto al concejal de IU+P+AV, Pedro Sosa, denunciaban públicamente su situación y el olvido al que les tiene sometidos el gobierno local del PP y VOX.
Sosa ha recordado que ya ha llevado dos veces el asunto al Pleno del Ayuntamiento, con sendas mociones sobre "afección al derecho a la vivienda de diversas familias de los barrios altos de Lorca como consecuencia de la construcción del vial", y que ha conseguido arrancar compromisos y acuerdos, tanto en 2023 como en 2024, pero la apisonadora de concejales de derechas y extremas derechas que "malgobiernan" Lorca no cumplen los acuerdos aprobados, sobre todo cuando están dirigidos a reparar daños que afectan a las familias más humildes de Lorca.
Un desprecio político hacia los barrios humildes y hacia sus gentes, que queda más que patente en los agravios hacia calles como la del Portijico de Lorca, sin una mala obra pública de la que se hayan beneficiado sus vecinos en 50 años, en los casos de esas familias a las que las obras mal ejecutadas de este Ayuntamiento han llenado de grietas las casas en San Cristóbal, o, como hoy denunciamos, en los barrios altos de Santa María, San Pedro, San Juan, San Roque, San Lázaro y el Calvario.
Como ya hemos denunciado otras veces, sostiene Sosa, la "mala ejecución" de muchas de obras, con unos efectos en el interés público y unas deficiencias y afecciones en derechos privados como el de la propiedad y la vivienda de muchos ciudadanos, que nos podríamos haber ahorrado si los gobiernos de turno responsables de las mismas hubieran hecho sus deberes de supervisión, control, sometimiento de las empresas contratadas a sus responsabilidades sociales, exigencia de responsabilidades civiles en los casos en las que cabría exigirlas, asunción propia de responsabilidades patrimoniales de las administraciones en los casos en los que fuesen exigibles, y defensa, siempre, de los vecinos y del interés general, frente a esas ofertas insultantes de las que a veces han sido objeto por parte del ayuntamiento o de las empresas contratistas.
Y eso es lo que sucede en este caso, la familia que lleva 18 meses viviendo en el garaje con sus fríos, sus lluvias y sus calores, afirma haber recibido una oferta de 8.000 euros para arreglar la vivienda, pero ninguna empresa les presupuesta su reparación por una cantidad tan ridícula, por lo que piden que sea el Ayuntamiento el que busque a la empresa o el que acometa directamente las obras.
Por lo pronto, y tras 18 meses, la familia ha recurrido a un abogado de oficio para interponer una demanda contenciosa que les ofrezca la solución que el poder político local no les da. Otros vecinos, tan humildes como ellos, no lo descartan, pero ya anuncian que si el gobierno local, con un Alcalde a la cabeza que ni siquiera se ha dignado en dos años a visitar a los afectados, no atiende de inmediato sus responsabilidades, acabarán por forzar su encierro en el edificio del Ayuntamiento de Lorca.