Sosa critica al Gobierno local de PP y VOX por este hecho ilegal e inconstitucional y advierte que de no corregir la situación de inmediato expondrá el asunto a los Ministerios de Igualdad y de Juventud e Infancia del Gobierno de España que es quien pone el dinero para estas actividades
El concejal y portavoz de la coalición de izquierdas (IU+Podemos+AV) Pedro Sosa, acompañado de Jaime García, responsable del área de discapacidad en esa coalición, han comparecido esta mañana ante los medios de comunicación para poner de relieve la exclusión que están sufriendo los niños lorquinos con discapacidad en la actual convocatoria de la Escuela Municipal de "Semana Santa", que paradójicamente han llamado "divirtiéndose en igualdad". Unos talleres con plazas para 330 niños y niñas de entre 3 y 12 años de los que han acabado excluyendo, que sepamos, a un niño autista.
A la rueda de prensa ofrecida por Sosa y por García en la plaza de España. ya que el inmueble del Ayuntamiento sigue siendo inaccesible para las personas que se mueven en silla de ruedas, también ha acudido el padre del niño afectado. El interesado ha contado como después de rellenar y registrar la solicitud, en la que se contestaba a un cuestionario sobre el perfil del niño y se exponía su condición de autista, su hijo fue admitido sin problemas, pero cuando apenas habían transcurrido dos horas del primer día del taller le llamaron por teléfono para que pasase a por su hijo argumentando que no podían hacerse cargo de él.
Sosa ha afirmado que ya denunciaron en 2023, en las primeras semanas de la actual corporación municipal y del relevo del gobierno local, un agravio similar al de ahora, que finalmente acabó solucionándose. Por su parte Jaime García ha vuelto a exponer la paradoja que, entonces y ahora, supone que en el nuevo organigrama político-administrativo del Ayuntamiento de Lorca figure una concejalía de Discapacidad, mientras el gobierno local excluye de sus programas a niños discapacitados. Pero es que ahora, abunda Jaime García, es más paradójico todavía, cuando además se permiten poner el nombre de "divirtiéndose en igualdad" a unos talleres que, por lo que parece, son desiguales.
Sosa ha recordado que la Constitución Española expresa en su artículo 49 -cuyo objeto son las personas con discapacidad- que los poderes públicos tienen la obligación de "prestarles la atención especializada" que requieran, amparándolos en el disfrute de sus derechos y que, de no corregirse la situación denunciada, llevará el asunto a los Ministerios de Igualdad y de Juventud e Infancia del Gobierno de España, que es quien financia estos programas que luego mal ejecutan ayuntamientos como el nuestro.
