La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha pedido a las candidatas lorquinas al Congreso de los Diputados que expresen sus compromisos electorales con la plataforma de afectados por la devolución de las ayudas de los terremotos.
Martín ha solicitado a Marisol Sánchez (PSOE), Antonia López (PP) y María Giménez (Más País) que expliquen qué iniciativas llevaran a cabo, y en qué plazos, para solucionar la problemática que afecta a este colectivo en caso de obtener escaño tras las Elecciones Generales que se celebrarán el próximo domingo.
En ese sentido, la concejala de IU-Verdes recordó que está pendiente la condonación de los intereses que corresponden al Estado, derivados de expedientes de reintegro de las ayudas concedidas para reparación de las viviendas. Una medida que esta formación política lleva reclamando desde hace más de dos años y que está cuantificada en unos 456.000 euros. “Entendemos que la demora en la tramitación de las ayudas no es achacable en modo alguno a los damnificados y por eso es una cuestión de justicia que, al igual que hizo la Comunidad Autónoma, el Estado renuncie a cobrar esas cantidades”, dijo Martín. Sobre este asunto la concejala de IU-Verdes también explicó que el actual Gobierno en funciones no contempló en el fallido proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 ninguna partida destinada a la condonación de estos intereses de demora. Sin embargo, en la disposición adicional primera de la Ley de Presupuestos, sí aparecía la de 400 millones al Consorcio Valencia 2007 por una deuda que mantiene con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) por las inversiones realizadas para la celebración de la 32° Copa América.
Martín explicó que se ha puesto en contacto con el cabeza de lista de Unidas Podemos por la circunscripción de Murcia, Javier Sánchez Serna, quien le ha asegurado que una de sus primeras acciones como diputado será presentar una iniciativa parlamentaria para conseguir dicha condonación.
Otra de las medidas que depende del Gobierno de España es la modificación de los decretos que regulan las ayudas a objeto de ampliar los plazos de reconstrucción y reparación de las viviendas dañadas. IU-Verdes exige, además, otra modificación que permita a los vecinos que puedan demostrar que gastaron todo el dinero de las ayudas públicas y del Consorcio de Compensación en la reparación de sus viviendas que puedan justificarlas mediante la Ley autonómica 8/2019, aprobada el pasado julio.
Sobre este asunto, Martín recordó que quedan apenas dos meses para que termine el plazo de que disponen los afectados para acogerse a la memoria justificativa simplificada y que la Consejería de Fomento sigue sin cumplir el artículo 2 de esta norma.
“La Ley dice que también será de aplicación a los expedientes cuyo importe de la ayuda en ningún caso sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras ayudas o indemnizaciones, supere el coste real de las obras”, explicó Martín. Sin embargo, los afectados por esta casuística siguen sin recibir ninguna notificación por parte de Fomento que les permita acogerse a esta vía. Al respecto, recordó que es este órgano el que tiene la obligación “por Ley” de requerir a los perceptores de la subvención la presentación de la cuenta justificativa, y que este incumplimiento fue lo que obligó a prorrogar el plazo seis meses más.
Además, Martín denunció que también siguen sin cerrarse los expedientes afectados por prescripción.
Por todo ello, la concejala de IU-Verdes ha solicitado, en nombre de la plataforma de afectados, una reunión con el Director General de Vivienda, José Francisco Lajara Martínez, para exponer todas estas cuestiones. “No podemos entender que a dos meses de que venza la Ley no se haya convocado la Comisión Mixta para tratar estos y otros asuntos, así que no nos queda más remedio que volver a tomar la iniciativa”, aseguró.
Gloria Martín también pidió al Alcalde de Lorca, Diego José Mateos, que informe sobre el estado de tramitación de las memorias y sobre las visitas técnicas realizadas a las viviendas, así como que dé instrucciones a la Oficina del Terremoto para que todos los afectados que puedan demostrar que las ayudas e indemnizaciones no superaron el coste real de las obras, puedan presentar la documentación que les permita acogerse a la Ley antes del próximo 25 de enero.
