La concejala de esta formación, Gloria Martín, denunció que hace casi dos años el Ayuntamiento debía haber puesto a disposición del Registro de la Propiedad una aplicación informática con acceso a los mapas web de todos los planes urbanísticos, debidamente georreferenciados y metadatados. Además, la falta de recursos en la Intervención Urbanística impide reparar prácticas relacionadas con el abandono de propiedades que están poniendo en serio peligro la integridad física, e incluso la vida, de los ciudadanos
La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, exigirá a través de una moción de pleno que la concejalía de Urbanismo que dirige Saturnina Martínez cumpla con la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria, y dé acceso a los registradores de la propiedad a los planes urbanísticos, generales y de desarrollo, así como a cualquier modificación aprobada definitivamente y en vigor en el municipio de Lorca.
Martín recordó que dicha reforma normativa impuso la coordinación recíproca entre el sistema registral y la actuación urbanística, obligando a los ayuntamientos "a poner a disposición de los registradores una aplicación informática que ofrezca acceso a los mapas web de todos los planes urbanísticos, debidamente georreferenciados y metadatados". Sin embargo, el equipo de gobierno municipal lleva "casi dos años incumpliendo la ley" lo que, a juicio de Martín, "impide el intercambio bidireccional de información, mediante elementos tecnológicos, entre las dos instituciones sobre las que recae el control de la realidad inmobiliaria en nuestra localidad".
El objetivo de la ley es lograr sincronía entre la realidad administrativa-urbanística y la registral, de modo que se configure un sistema de información completo que dote de "transparencia" y "seguridad jurídica" al tráfico inmobiliario y simplifique la tramitación administrativa. Martín aludió a un informe del Parlamento Europeo sobre el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario, en el que deja patente la necesidad de que las administraciones públicas implementen medidas para corregir dicha inseguridad jurídica.
Precisamente, una de las razones por la que la nueva ley exige la georreferenciación precisa de la porción de superficie ocupada por cualquier edificación o instalación que se pretenda inscribir en el Registro de la Propiedad, es permitir que el registrador detecte en qué medida tal superficie ocupada pudiera afectar a zonas de dominio, servidumbres públicas o espacios naturales de especial protección. "Nos consta que algunos registradores de la propiedad tienen dificultades para desarrollar su cometido por la falta de una información que desde hace meses debía haberle facilitado el Ayuntamiento de Lorca", explicó Martín.
Más recursos humanos y presupuestarios para la Intervención Urbanística
Gloria Martín también exigirá incrementar los recursos humanos y presupuestarios destinados al área responsable de la detección de irregularidades urbanísticas. Con casi 1.700 km2, Lorca cuenta con un solo equipo de inspección. "A pesar del esfuerzo de los funcionarios, la saturación de este servicio impide abordar todas las actuaciones necesarias en el ámbito de la disciplina urbanística, garantizar el cumplimiento de la legalidad, establecer los mecanismos dirigidos a su restauración, o proteger espacios naturales de la actividad urbanizadora", dijo Martín.
La falta de recursos presupuestarios que afecta al Servicio de Intervención Urbanística impide también la ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento de las órdenes que son infringidas por los afectados. "La administración local tiene la obligación de controlar las actividades constructivas que se realizan en Lorca, cuya ejecución irracional, irresponsable o descontrolada puede generar efectos perniciosos para las personas y ocasionar un daño irreparable al patrimonio artístico, cultural, medioambiental y paisajístico de la localidad", aseguró la edil de IU-Verdes. En ese sentido, lamentó que la infradotación de la plantilla y la falta de recursos esté teniendo como consecuencia que sea imposible sancionar y reparar prácticas relacionadas con el abandono de propiedades que están poniendo en serio peligro la integridad física, e incluso la vida, de los ciudadanos, especialmente en el casco histórico de la ciudad. "No hacerlo constituye también un acto de menoscabo contra los ciudadanos que sí cumplen con sus obligaciones, que son la gran mayoría", aseveró.
