Alertan que, al contrario de lo que establece la ley, en la región la prestación económica sigue siendo la predominante muy por encima de los servicios.
Adoración Peñas, concejal de IU-Verdes de Lorca, denuncia nuevamente la nefasta gestión del gobierno regional en relación a la Ley de Dependencia.
Tras conocer el último informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en el que hemos tenido conocimiento de que 120.000 Grandes Dependientes continúan sin ser atendidos en nuestro país mientras se maquillan las cifras del Sistema incorporando Dependientes Moderados con servicios low cost, la situación en la Región de Murcia y en Lorca continúa siendo lamentable.
En primer lugar, poco ayuda el hecho de contar con un porcentaje de financiación cada vez menor por parte de la Administración General del Estado, y sin incremento efectivo en los Presupuestos Generales del Estado en 2017 por rechazo frontal del gobierno central, lo que se traduce en el peligro de crecer con atenciones mediocres que no suponen auténtico apoyo a las personas y que no son fuente de empleo.
A eso hay que añadirle que cada día fallecen cerca de 100 dependientes en España sin recibir la prestación o servicio a la que tienen derecho, y que se le ha reconocido; más de 18.000 los fallecidos en esta situación, en este primer semestre; más de 40.000 en 2016.
En cuanto a la financiación lo preocupantes es que la AGE mantiene los valores de financiación del nivel mínimo de 2012 (recortados por el RD-Ley de 13 de julio de 2012). El incremento de 100 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 (sobre el presupuesto inicial de 2016), resulta inútil si no se modifican las cuantías del Nivel Mínimo Garantizado por dependiente atendido, llegando al punto de que es muy posible que no se gaste la financiación estatal comprometida. Mientras fallecen dependientes sin recibir los servicios a los que tenían derecho, a la AGE le va a sobrar parte del presupuesto consignado en los PGE.
A este panorama nacional, hay que sumar los continuos recortes en materia de política social regional, que sitúan a nuestra comunidad autónoma como una de las peor valoradas a nivel nacional en cuanto a gestión de la dependencia.
La edil denuncia la opacidad del gobierno regional para tratar todo lo relacionado con esta cuestión tan trascendental para el estado del bienestar. De hecho, afirman que en la web regional las únicas estadísticas actualizadas no suelen coincidir con las del MTAS y el análisis sociológico de perfiles, prestaciones, necesidades y estructura social de la población, etc., no se ha renovado desde 2011, mucho antes incluso del importante recorte presupuestario introducido en julio de 2012 que dejó a la Dependencia bajo mínimos.
Para Peñas, además del factor presupuestario y muy ligado a él existe en nuestra región el problema de las listas de espera y del tipo de prestaciones percibidas por los usuarios.
Por un lado, y a pesar de que se ha incrementado el número de atendidos desde 2015 tras la incorporación de todas las personas con grado 1, (incremento que no se corresponde con una mayor inversión del Sistema) la lista de espera sigue siendo enorme y vergonzosa, estimando los expertos que a este ritmo se tardaría más de cinco años en terminar con la lista de espera.
Peñas ha resaltado que más de 300 personas en Lorca (308 a fecha de 30 de junio de 2017) no reciben ninguna prestación a pesar de tener resolución firme aprobada y se encuentran en lista de espera, sea cual sea la gravedad y el grado que se le haya reconocido.
Esto tiene importantes repercusiones en clave de financiación, ya que las mayores necesidades de apoyo de las personas con grados III y II hacen que generalmente su atención resulte más costosa, por lo que el gobierno regional resuelve esta cuestión con un alto número de prestaciones de bajo coste como la teleasistencia (216), 1 persona beneficiaria de ayuda a domicilio, frente a la prestación de cuidados en el entorno familiar con 1.123 concesiones, un 49,97 % del total, a pesar de que la ley de dependencia establece que los servicios deben ser la regla y las prestaciones económicas la excepción.
Desde IU-Verdes denuncian la escasa inversión en centros residenciales y centros de día, así como la cobertura con prestaciones de bajo coste a Grandes Dependientes o Dependientes Severos, que son los que requieren mayor atención y con mayor urgencia.
Una vez más, los recortes en materia de políticas sociales tienen sus repercusiones directas, en primer lugar, en las personas más vulnerables y necesitadas de protección social y, además, también en la generación de empleo de la que el SAAD se hace gala, siendo ésta otra consecuencia de las atenciones de bajo coste y del regreso de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar.
En este sentido, desde la formación política denuncian la situación a la que el gobierno regional del PP ha abocado a los dependientes murcianos y a sus familias , así como la complacencia de los responsables políticos del ayuntamiento de Lorca que no han levantado la voz contra sus superiores regionales, dando de nuevo la espalda a las necesidades de los lorquinos y le exigen un cambio de política en la que el centro de atención sean los afectados, por encima de cualquier consideración económica, así como un mayor compromiso con los ciudadanos lorquinos antes que con su partido político.
