Gloria Martín lamenta el nulo peso político del alcalde de Lorca frente a su partido y ha exigido a los parlamentarios Teodoro García y Ascensión Carreño que den la cara. "Si ni siquiera son capaces de saber lo que hacen cuando aprietan un botón no son dignos de representar a los ciudadanos", ha asegurado.
La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha condenado el voto en contra de los diputados del Partido Popular a una proposición no de ley que tenía como finalidad indultar al Poblado de Puntas de Calnegre. La votación fue planteada en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y en ella participaron, con su voto negativo, dos parlamentarios murcianos de este partido, Teodoro García y Ascensión Carreño.
El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, se ha escudado en un "error" en la votación ya que, en principio, la intención de los populares era "abstenerse". En cualquier caso, para Izquierda Unida cualquiera de las dos posiciones refleja el "nulo" peso político del primer edil "quien no ha sido capaz de imponer a sus compañeros de partido la posición del Ayuntamiento de Lorca, favorable al mantenimiento del poblado".
Martín ha pedido a García y a Carreño den la cara y ofrezcan una explicación sobre lo que IU considera una "traición" a los afectados que llevan décadas luchando por el mantenimiento del poblado. "Si ni siquiera son capaces de saber lo que hacen cuando aprietan un botón no son dignos de representar a los ciudadanos", ha asegurado.
Al respecto, la edil de IU-Verdes resaltó la "incongruencia" del PP, un partido que no defiende el interés de los pequeños propietarios de un poblado que "no estorba a nadie y da cobijo y servicios al visitante de las calas y acantilados de Calnegre" y que, al mismo tiempo, desprotegió el parque regional para convertir lo mejor del litoral murciano "en un espacio privado, inaccesible a la mayoría, con el que pretendían hacer millonarios a unos cuantos mientras destruían el medio natural". "Es el mismo partido que consiente roturaciones ilegales y la contaminación masiva de nuestra costa porque es lacayo del poder económico y azote de los débiles", dijo Martín.
El conflicto que mantiene en vilo a los habitantes de Puntas de Calnegre surge tras un deslinde aprobado por orden ministerial en 1977, ratificado en 2005 por el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino en época del PSOE, y recurrido sin éxito por los vecinos y el Ayuntamiento en varias instancias judiciales que aseguran que el poblado pesquero invade el dominio público marítimo-terrestre y debe ser desmantelado.
