El Alcalde, Francisco Jódar, ha firmado esta mañana el convenio para compartir datos con el Consejero de Educación, Universidades y Empleo, Pedro Antonio Sánchez, que hace un llamamiento al conjunto de la ciudadanos de la Región para reprueben y denuncien las actividades de economía sumergida
La Consejería de Educación, Universidades y Empleo suscribió esta mañana los convenios de colaboración con el Ayuntamiento de Lorca para compartir información y luchar contra la economía irregular. Con la incorporación de este y otros consistorios, ya son casi la mitad los ayuntamientos de la Región que trabajan con la Administración regional para contribuir a terminar con la actividad económica irregular.
De esta forma, la Consejería da seguimiento al compromiso que adquirió el presidente regional con los agentes económicos y sociales de buscar la participación de los ayuntamientos en la lucha contra la economía irregular facilitando información municipal para detectar actividades de economía sumergida, una acción pionera en España.
El consejero Pedro Antonio Sánchez destacó el trabajo conjunto que se va a realizar para "poner cerco a la economía irregular y preservar y garantizar los derechos de los trabajadores. La economía sumergida genera competencia desleal hacia aquellos que respetan las leyes y, sobre todo, priva al trabajador de acceder a prestaciones como las de desempleo o las pensiones de jubilación o invalidez".
El Alcalde de Lorca, Francisco Jódar, ha subrayado que "a los datos municipales que proporcionan los ayuntamientos, como licencias de actividad, generación de residuos o consumos de agua, entre otros, se unen otros proporcionados por las consejerías de Empleo, Economía e Industria para remitirlos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El análisis de estos datos proporciona claves para detectar posibles actividades de economía irregular y poner los medios para que afloren".
"Es una acción preventiva, cuyo fin no es sancionar, sino evitar el fraude que se hace al propio trabajador, la Administración y el conjunto de la sociedad. El conjunto de los ciudadanos de la Región debemos repudiar estas actuaciones y denunciarlas", concluyó el consejero.
Durante 2013, las corporaciones locales proporcionaron casi 7.000 datos, a los que hay que sumar los casi 30.000 que remitió la Comunidad Autónoma a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
