Ramblas en situación calamitosa que ponen en riesgo la seguridad de las personas, acumulación de residuos provenientes de la actividad agrícola descontrolada, contaminación del fondo marino, infraviviendas y explotación laboral son algunas de las denuncias efectuadas por la concejala de esta formación, Gloria Martín
La concejala de Izquierda Unida-Verdes de Lorca, Gloria Martín, ha denunciado el estado de "desidia" y "peligrosidad" en que se encuentran muchas de las ramblas existentes en el municipio. Martín se refirió expresamente a la Rambla de Los Currucales, junto al barrio de El Morrón, en el paraje conocido como Las Librilleras, en la diputación de Ramonete. Allí viven más de un centenar de personas, incluido un importante número de niños y de ancianos con movilidad reducida.
Los vecinos denuncian que en una situación de precipitaciones normales ya resulta "muy complicado" poder salir o acceder al barrio en coche, ya que el curso de la rambla es la única opción existente para el tráfico rodado y se encuentra en un estado penoso. Se trata de una zona declarada de riesgo significativo de inundación por la propia Confederación Hidrográfica del Segura, que se agrava por la acumulación de residuos procedentes de la actividad agrícola, lo que la convierte en un foco de peligro en caso de lluvias torrenciales. Martín recordó que la rambla está próxima al lugar donde, en el año 2000, fallecieron una mujer de 27 años y su hijo de dos, arrastrados por un torrente de agua, lodo y piedras que se precipitaba hacia el mar por uno de los brazos de la rambla de Ramonete, donde desemboca la de Los Currucales.
Además de privar a Lorca, desde hace dos meses, del sistema de alerta temprana ante posibles riadas, los responsables del organismo de cuenca "mantienen muchos de los cauces que atraviesan nuestro término municipal en una situación calamitosa que pone en riesgo la seguridad de las personas", dijo Martín. Por ello, urgió a la CHS a su inmediato saneamiento ante el "evidentísimo riesgo" que supone "esta intolerable falta de conservación". Al tiempo, la edil de IU-Verdes exigió al Ayuntamiento que dote a este enclave de una carretera "segura y decente" recurriendo, si es preciso, a la vía de la expropiación.
El que contamina, que pague
Gloria Martín pidió también que las empresas que originan los residuos agrícolas que se acumulan en ramblas y cauces públicos "empiecen a pagar por el terrible daño medioambiental que están causando". En ese sentido, recordó que el parque regional de Marina de Cope es el punto más contaminado por basura de la costa murciana, entre otros motivos, por la acumulación de plástico procedente de la actividad agrícola descontrolada.
La concejala de IU-Verdes aseguró que su formación no está en contra de la agricultura pero sí de aquellos "empresarios irresponsables" que "esquilman los recursos naturales hasta convertir nuestro litoral en un estercolero". Por ello, conminó al equipo de gobierno municipal del PP a trabajar en la puesta en marcha de un plan de gestión de recursos agrarios, con cargo a quienes los producen, para facilitar el cumplimiento de la legislación vigente y la conservación del medio ambiente.
Martín mostró una serie de fotografías tomadas en la diputación de Ramonete que dibujan "un paisaje propio de un país en vías de desarrollo que nos entristece, nos indigna y nos avergüenza a partes iguales". Al respecto se preguntó cómo es posible invertir en "millonarios proyectos megalómanos de dudosa rentabilidad económica y poca utilidad pública" cuando, a poco más de treinta kilómetros de su casco urbano, Lorca ofrece una imagen "inmunda" y hay partes del territorio "absolutamente abandonadas".
Infraviviendas y explotación laboral
Gloria Martín hizo también alusión a una situación "extraordinariamente delicada" que su formación pondrá en conocimiento del equipo de gobierno municipal y de organizaciones no gubernamentales "en un ejercicio de responsabilidad para prevenir repercusiones negativas para sus víctimas". Se trata de la construcción de infraviviendas ilegales para su alquiler a trabajadores agrícolas de origen extranjero y de la ocupación de casas en pésimo estado de conservación, sin suministros de luz y agua, por personas que trabajan en el campo en régimen de pseudo esclavitud.
"En Izquierda Unida - Verdes somos sensibles ante la situación de estos trabajadores aseguró Martín y creemos que las medidas a adoptar pasan por perseguir y sancionar a quienes se lucran de manera deleznable a través de la explotación laboral". Es decir, para estos trabajadores exigen "una actuación de tipo humanitario en colaboración con las ONG´s comprometidas con su situación".
Para la edil, se trata de una "triste realidad" a la que el PP no puede dar la espalda y que debe ser afrontada "con valentía" para acabar con una lacra que supone "una estafa" para las arcas públicas, "ensombrece el buen hacer de multitud de honrados empresarios agrícolas" y, sobre todo, "se aprovecha del hambre y del infortunio de seres humanos".
