Pedro Sosa, concejal portavoz de Izquierda Unida Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, ha denunciado esta mañana las filtraciones provocadas por unas obras de Ferrovial, que han dado lugar a que se inundasen al menos tres viviendas en la calle Meca del Calvario Viejo en la zona del Barrio de San Cristóbal.
Según Sosa, desde el viernes por la noche, los técnicos municipales tuvieron constancia de que en estas viviendas se estaban produciendo estas filtraciones, pero hicieron caso omiso y no se personaron en el lugar. Por ello, el edil intentó durante todo el fin de semana ponerse en contacto con la concejala de obras, la Sra. Ibarra, para buscar soluciones, pero en una flagrante dejación de sus funciones, no atendió ninguna de sus llamadas, con lo cual las familias han tenido que pasarse todo el fin de semana achicando agua de sus viviendas por su cuenta, por lo que exige su dimisión inmediata.
El edil también considera una tomadura de pelo, que tras una conversación que ha tenido esta mañana con un técnico municipal, ahora se intente achacar lo ocurrido a una posible rotura en alguna cañería, para salvaguardar "al gigante Ferrovial", que es el encargado de las obras de remodelación que se están ejecutando en la zona y cuyas obras en el municipio no dejan de tener "vicios ocultos y desperfectos". Para Sosa, el motivo de estas filtraciones ha sido que todas las arquetas de las calles anexas han actuado a modo de sumidero que desembocaba detrás de las viviendas afectadas, como pudo comprobar él mismo el sábado por la noche al levantarlas y ver su estado. De hecho, durante cuarenta años que llevaban estas calles arregladas no ha habido ningún caso de este tipo, por eso considera una desfachatez que ahora se invente esta excusa para salvaguardar a la empresa Ferrovial.
Por último, en referencia al derrumbe de una casa en la misma zona que se produjo la pasada semana y que también vincula a las obras de Ferrovial en ese barrio, Sosa ha mostrado su más honda indignación, tras dar a conocer un informe que ha recibido el titular de la vivienda siniestrada, en el que por parte de la Administración se le ordena llevar a cabo la demolición y que se haga cargo del coste de la misma, que asciende a 14.000 €. Considera Sosa que es otra muestra más del comportamiento aberrante y vergonzoso que el equipo de gobierno muestra hacia los ciudadanos humildes en detrimento de las grandes empresas y se ha comprometido a que desde su formación se le brindará toda la asistencia técnica y jurídica que necesite para solventar la injusticia que está padeciendo este vecino.
