"Dinero saqueado a los lorquinos por el agua potable acabó en las arcas del separatismo catalán". Esto se desprende de la investigación que sigue la jueza Pilar de Lara desde el juzgado n° 1 de Lugo, a raíz de la denuncia presentada por este Concejal el 9 de junio de 2016, y que fue publicada por El País a nivel nacional el 16 de abril de este año.
La trama se realizó a través de una empresa, Aquambiente, perteneciente al grupo Aquagest, (hoy Hidrogea) propietaria del 49% de Aguas de Lorca. Esta empresa habría traspasado 200.000 euros a CDC a través de su fundación CatDem.
"En mi denuncia hablo de empresas pantalla pertenecientes al grupo Agbar S.A. a la que pertenece Aquagest (hoy Hidrogea) que gestiona el agua potable de Lorca" explica el Concejal, "y valoramos en más de 5 millones de euros al año el saqueo a la economía de los lorquinos a través del agua potable".
Recordemos que es el Alcalde D. Francisco Jódar el presidente de esta empresa desde 2007, precisamente cuando se producen estos hechos 2008-2010. Jódar ya fue advertido por personas de su entorno, al que le dijeron: "Paco, te están engañando" y del comité de empresa el 13 de junio de 2013. Según Meca "El Alcalde lorquino no tomó ninguna medida para comprobarlo, y mientras continuó mirando para otro lado y cobrando más de 200 euros por asistir a los Consejos de Administración en su habitual horario de trabajo por el que ya cobraba, práctica que se eliminó a petición mía en la primera Junta General de esta legislatura".
Las presuntas empresas saqueadoras del dinero público, mostraron su agradecimiento al Partido Popular lorquino colocando al hijo de uno de los miembros del Equipo de Gobierno en 2012 en otra empresa vinculada a la trama "Aquatec, proyectos para el sector del agua S.A."
Por eso el edil se pregunta: "¿Ha habido silencio a cambio de favores?"
Todos estos hechos forman parte del Auto Judicial de la magistrada de Lugo y su investigación.
El Concejal de Ciudadanos en el pleno extraordinario de abril de 2016 sobre Aguas de Lorca, ya acusó al Alcalde de colaborador necesario y cobardía política por no haberse enfrentado a esta mafia durante los 18 años que lleva en el Consejo de Administración, los 10 últimos como presidente, tratándose además de un abogado e interventor.
"Estos hechos ya le han costado la presidencia de la Comunidad Autónoma y tendrá consecuencias políticas y judiciales".
