La concejala de esta formación, Gloria Martín, asegura que los afectados son también víctimas de otra aberración del Plan General ya que están obligados a soportar recibos de IBI de más de 5.300 euros sin posibilidad de obtener aprovechamiento alguno de sus terrenos, al tiempo que deben afrontar los gastos de urbanización de la unidad de actuación
La concejala de Izquierda Unida-Verdes Gloria Martín ha denunciado que el Ayuntamiento de Lorca ha vulnerado la Ley de Expropiación forzosa al no otorgar compensación económica alguna a los doce propietarios afectados por la ejecución de un vial entre la Glorieta de San Diego y el Huerto de la Rueda. Una actuación incluida en la fase II del proyecto de construcción de la Ronda Central.
El Pleno Municipal aprobó, con la única oposición de IU-Verdes, la expropiación de sus terrenos por el procedimiento de ocupación directa, una fórmula muy rentable para la Administración pero que sitúa en desventaja a los particulares, quienes no son indemnizados por el valor del suelo, como sucede en la expropiación forzosa. A cambio, se les reconoce aprovechamiento urbanístico en una unidad de actuación, de iniciativa privada, para lo que contraen la responsabilidad de su ejecución asumiendo sus costes. Es decir, no sólo son expropiados sin percibir ni un euro, sino que además son obligados a financiar los gastos de urbanización de dicha unidad de actuación mediante el desembolso de en torno a los 100.000 euros en el caso de algunos afectados.
Por un lado, Martín recordó que el artículo 226 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, expresa claramente que los propietarios afectados por estas ocupaciones sí tienen derecho a indemnización por la ocupación temporal de sus terrenos en los términos establecidos en la legislación del Estado. Es decir, deben ser compensados por el período de tiempo que medie desde la ocupación de los mismos hasta la aprobación definitiva del instrumento por el que se les adjudique otros de valor equivalente. Una indemnización contemplada en el artículo 112 de la Ley de Expropiación Forzosa que el Ayuntamiento ha incumplido flagrantemente. Al respecto, la edil de IU-Verdes aseguró que, al tratarse de un pago en especie, el sistema de ocupación directa sólo debería aplicarse de común acuerdo con los propietarios, como sucede en otras comunidades autónomas como Andalucía o la valenciana. Martín exigió el pago de esa indemnización en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional que relaciona las "garantías mínimas" de los afectados por el procedimiento de ocupación directa (Sentencia TC 183/2013, de 23 de octubre de 2013).
Por otro lado, desde la aprobación del vigente Plan General en 2003, la totalidad de los terrenos de esta unidad de actuación (UA 68), clasificada como suelo urbano consolidado, es considerada "de equipamiento privado". Esto limita enormemente el aprovechamiento del suelo mientras obliga a sus propietarios a soportar enormes cargas impositivas y todos los gastos de urbanización. Al respecto, Martín señaló que hay afectados que están pagando más de 5.300 euros anuales en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles por parcelas de poco más de 4.000 m2 en las que no se les permite construir, por lo que tienen difícil salida en el mercado inmobiliario ya que, además, su superficie es bastante limitada (18.470 m2).
Para Martín, se trata de otra "aberración" más del PGOM y aseguró que el Ayuntamiento debía haber procedido a su expropiación y consiguiente indemnización a los afectados en vez de establecer un sistema de compensación por el que los propietarios asumen todas las obligaciones y costes sin obtener beneficio alguno, mediante una recalificación de suelo que ellos jamás pidieron.
Por todo ello, Martín pidió que se modifique el Plan General de manera que se permita edificar a los propietarios o que, de lo contrario, el Ayuntamiento otorgue a las parcelas uso de equipamiento público, proceda a su expropiación e indemnice a los afectados. En ese sentido, recordó que la concejala de Urbanismo del PP, Saturnina Martínez, ha reconocido recientemente un nuevo error en el Plan General, concretamente en la unidad de actuación 55, y se ha comprometido a subsanarlo mediante una modificación no estructural del Plan que permitirá a los afectados recuperar la capacidad edificatoria.
