Gloria Martín: "Que lo haga Fernando López Miras o la Asamblea Regional pero este órgano no debe ponerse de perfil en una cuestión que afecta a un millar de familias en Lorca. De lo contrario, nos van a obligar a tener que instar al Presidente del Gobierno de España o a sus ministros para que soliciten un dictamen del Consejo de Estado y a pedir audiencia como interesados. Es muy triste que tengamos que recurrir a estas instancias porque la administración autonómica y los órganos que deben velar por su buen funcionamiento ignoren a los ciudadanos. Ya sólo nos queda pedir intercesión al Papa de Roma".
La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha denunciado que, contrariamente a lo que se aseguró a los afectados por la devolución de las ayudas de los terremotos de 2011, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia no sólo no ha paralizado el procedimiento administrativo de reintegro de las subvenciones, sino que ha estado enviado notificaciones a los afectados de manera "masiva" durante los meses de vacaciones.
Martín ha explicado que 235 afectados se han encontrado con la sorpresa de que sus nombres aparecen en los Boletines Oficiales del Estado de los días 9 y 17 de julio y 3 de agosto. Se trata de personas que habían dejado a familiares a cargo de revisar sus buzones o que regresaban semanalmente a Lorca para hacerlo personalmente y que no tienen "ni un triste aviso" de la empresa privada que se está encargando de realizar las notificaciones. Paradójicamente, aquellos que no han salido de Lorca durante el verano tampoco tienen constancia de que se haya intentado contactar con ellos para hacerles entrega de las cartas. "Nadie se despierta por la mañana y se pone a leer el BOE con el café. Esto es un acto de mala fe que impide a los damnificados utilizar los plazos legales para formular alegaciones", aseguró.
La edil de IU-Verdes ha asegurado que en algunos expedientes completos que han solicitado a Murcia no constan los dos intentos de notificación necesarios antes de que se produzca la publicación en el BOE. "La Administración no puede acreditar que ha cumplido la ley, por lo que está practicando notificaciones irregulares, causando indefensión a los afectados al impedirles tener conocimiento de los actos administrativos que les afectan", aseveró Martín.
Por ello, desde IU-Verdes recomiendan a las personas que aparecen en el BOE que soliciten a la Consejería de Fomento copia completa de su expediente para verificar todo el procedimiento y recurrir la notificación por edictos que debe entenderse como "no producida" y, por tanto, sin efectos, si se detectan irregularidades.
Martín calificó la actuación de la administración regional de "abuso" y otra vuelta de tuerca que añade más zozobra y más desesperación a los afectados. "¿A qué están jugando? ¿A que los vecinos no tengan opciones de defenderse antes de recibir la temida carta de apremio de pago de Hacienda?", se preguntó.
IU exige que se vuelva a consultar al Consejo Jurídico de la Región de Murcia sobre las prescripciones
Gloria Martín también mostró su sorpresa porque el Consejo Jurídico de la Región de Murcia no se considere legitimado para dictaminar acerca de cuál es el modo ajustado a la ley para proceder al cómputo de la prescripción del derecho de la CARM a reclamar la devolución de las ayudas.
"Creemos que la consulta tiene la suficiente entidad jurídica, que está dentro de las competencias de este órgano y que, además, su dictamen sería útil para sentar un precedente administrativo de cara a situaciones similares", aseguró Martín. "Si nadie explica a la CARM cómo deben hacerse las cosas, en el futuro se volverán a cometer los mismos errores porque no habremos aprendido nada de la tragedia", añadió la edil de IU-Verdes.
Martín explicó que la intención de la Plataforma de afectados y de IU "no es que el Consejo se pronuncie sobre la gestión de los asuntos administrativos ordinarios de la CARM", que es lo que este órgano alega para denegar la petición de consulta facultativa realizada por el Ayuntamiento. "Nosotros queremos, sencillamente, que nos aclare si el inicio de la prescripción tiene lugar desde el momento en que venció el plazo para presentar la justificación por parte del beneficiario, tal y como defendemos y como establecen las leyes general y autonómica de subvenciones", dijo.
Por ello, desde Izquierda Unida piden al Gobierno de Fernando López Miras y a la Asamblea regional, que también están facultados para solicitar un dictamen al Consejo Jurídico, que promuevan una nueva consulta.
"Consideramos que el Consejo Jurídico de la Región de Murcia no debería ponerse de perfil en una cuestión que afecta a un millar de familias en Lorca", aseguró Martín, quien añadió que "debe pronunciarse y dirimir sobre esta cuestión ya que para eso es el superior órgano consultivo en materia de gobierno y administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y debe servir con objetividad e independencia, de acuerdo con la Constitución y las Leyes".
Gloria Martín anunció que si no se produce la nueva consulta, "nos obligarán a instar al Presidente del Gobierno de España o a sus ministros a que soliciten un dictamen del Consejo de Estado y a pedir audiencia como interesados". "Es muy triste que tengamos que recurrir a estas instancias porque la administración autonómica y los órganos que deben velar por su buen funcionamiento ignoren a los ciudadanos", dijo Martín quien aseguró que "ya sólo nos queda pedir intercesión al Papa de Roma".
Por último, Martín lamentó que, contrariamente a lo anunciado a los medios de comunicación, aún no está disponible el formulario para que los afectados puedan justificar sus ayudas mediante cuenta simplificada, tal y como se aprobó mediante la Ley 8/2018 el pasado mes de julio. "Ahora nos dicen que no estará hasta finales de semana y que los afectados no podrán acceder libremente a este documento". "Nos negamos rotundamente a que sólo puedan acogerse a esta vía de justificación aquellos que sean seleccionados por la Oficina del terremoto", advirtió Martín, quien aseguró que "removeremos Roma con Santiago si hace falta pero no vamos a consentir que conviertan en algo exclusivo lo que se vendió a los afectados como una solución general".
