La concejala de esta formación, Gloria Martín, exige la devolución de las cantidades embargas, la paralización de los expedientes de reintegro, el archivo inmediato de las ayudas ya prescritas, así como que la Consejería de Fomento proceda a la aplicación de la Ley 8/2018 que permite a los afectados justificar las ayudas mediante un procedimiento simplificado
Casi siete años y medio después de los fatídicos terremotos de Lorca (Murcia) que dejaron 9 víctimas mortales y daños en el 80% de los inmuebles de municipio (90.000 habitantes), los afectados por la tragedia no han podido cerrar aún las heridas de la catástrofe.
El gobierno de la Región de Murcia (PP) reclama ahora a cerca de 3.000 familias que devuelvan las ayudas públicas concedidas en su día para afrontar los costes de rehabilitación de sus viviendas y que fueron sufragadas al 50% por Estado y comunidad autónoma. De hecho ya ha procedido, a través de la Agencia Regional de Recaudación al embargo de las cuentas bancarias de, al menos, tres familias, mientras envía centenares de requerimientos de reintegros de las subvenciones, a pesar de que, en la mayoría de los casos, el derecho de la Administración a exigir las devoluciones ha prescrito, según la plataforma ciudadana que aglutina a los afectados.
En 2017 el ejecutivo autonómico comenzó a enviar masivamente cartas a los afectados requiriendo que justificaran las ayudas concedidas hacía seis años, cuando la Ley de Subvenciones establece que "a los cuatro años, prescribe el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro". Se daba la circunstancia de que, a tenor del tiempo transcurrido, la mayor parte de los vecinos ya no conservan las facturas ni puede pedírselas a las empresas que ejecutaron las obras, la mayor parte de las cuales ya ni siquiera existe. La mayor parte de los vecinos que sí han podido enviar las facturas, tampoco han visto cerrarse sus expedientes, pues la Administración pone una pega tras otra y continúa exigiendo a los damnificados la devolución.
Organizados en una plataforma de afectados (500 familias) y con el apoyo y asesoramiento de IU, los vecinos han enviado en los últimos meses más de un millar de alegaciones y recursos de reposición que, hasta el momento, no han tenido efecto.
En julio de 2018, ante la alarma social generada, todos los grupos con representación en el parlamento autonómico aprobaron una ley (8/2018, de ayudas de Lorca) que facilitaba la justificación de las subvenciones mediante "cuenta justificativa simplificada" y un informe técnico municipal que acredite que los vecinos gastaron el dinero en las obras de reparación de sus viviendas. A pesar de que centenares de afectados llevan desde hace más de un mes solicitando acogerse a dicha norma, la Consejería de Fomento sigue sin proceder al cierre de los expedientes.
Y, por si fuera poco, en los últimos días ya se han ejecutado tres órdenes de embargo a tres familias lorquinas, que se han quedado en una situación precaria, sin poder hacer frente a sus necesidades más básicas. El resto de afectados se mantiene con el alma en vilo a la espera de que lleguen nuevos embargos. Tienen miedo de abrir el buzón de su casa o de consultar la cuenta bancaria "por si también les ha tocado a ellos", explica la concejala de IU-Verdes Lorca, Gloria Martín
Encierro indefinido
Por todo ello, los afectados han comenzado un encierro indefinido en el Ayuntamiento de Lorca que sólo abandonarán si se devuelven las cantidades embargas, se paralizan los expedientes de reintegro, se archivan de manera inmediata las ayudas ya prescritas y si la Consejería de Fomento procede a la aplicación de la Ley 8/2018 que permite a los afectados justificar las ayudas mediante un procedimiento simplificado.
