La concejala de esta formación, Gloria Martín, también ha pedido al Delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Diego Conesa, que el Estado condone la parte de sus intereses, que es una de las causas principales por la que se están produciendo los embargos. Ha asegurado que las consecuencias económicas y familiares para los afectados están siendo terribles
La concejala de Izquierda Unida-Verdes en Lorca, Gloria Martín, ha pedido la convocatoria "urgente" de la Comisión Mixta, con el fin de que este órgano estudie los expedientes amenazados de embargo y que puedan acogerse a la modalidad de cuenta justificativa simplificada que establece la Ley 8/2018, de 23 de julio, de ayudas de Lorca. Martín recordó que la Comisión debería haberse vuelto a reunir a finales de noviembre. "Quizá un retraso de cuatro semanas no sea nada para sus integrantes, pero para los afectados es la diferencia entre que les llegue un embargo o no", ha dicho Martín.
La edil de IU-Verdes ha recordado que el artículo 2 de esta ley establece que será de aplicación "a todos los expedientes de justificación de las ayudas percibidas para la reparación de viviendas que se encuentren en tramitación y no hayan prescrito". Sin embargo, la Administración no está permitiendo que se acojan a ella los afectados que percibieron ayuda pública e indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros cuya suma excede la valoración de daños realizada por los peritos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El Decreto 68/2011, de 16 de mayo, por el que se regulan las ayudas para la reparación y reconstrucción de las viviendas afectadas por los terremotos de Lorca establece que el importe de las ayudas en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, "aisladamente o en concurrencia con otras ayudas o indemnizaciones, supere el coste real de las obras". "Entendemos que el tope de gasto para poder justificar las cantidades percibidas debe estar relacionado con el valor real de las obras y no con el límite que establecieron los peritos", cuyas tasaciones se hicieron a los pocos días de los seísmos y no tuvieron en cuenta los daños que fueron apareciendo después con el asentamiento de los terrenos. En ese sentido, Martín ha recordado que ése fue el compromiso adquirido con el Consejero de Fomento, Patricio Valverde.
Los afectados por esta situación están recibiendo providencias de apremio por parte de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia sin que ni siquiera se hayan resuelto los recursos de reposición a las órdenes de reintegro emitidas por la Consejería de Fomento, lo que les está ocasionando "una terrible indefensión".
"Creemos que quienes se encuentran en esta situación están también en disposición de acogerse a la Ley 8/2018, y pedimos que, mientras tanto, se paralicen todos los procedimientos de apremio mediante la notificación de su suspensión hasta que se resuelvan los expedientes", ha concluido Martín.
Sin Reyes Magos en las casas de algunos afectados
Gloria Martín, también ha pedido al Delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Diego Conesa, que el Estado condone de una vez la parte de sus intereses, que es una de las causas principales por la que se están produciendo los embargos. "El Gobierno de España es corresponsable de estas ayudas y será quien se beneficie, lo haya exigido o no, de los intereses de demora abusivos que se está cobrando a los afectados", dijo Martín, por lo que exigió que salga de la "inacción" y "mueva ficha".
"Los afectados están hartos de que Comunidad Autónoma y Estado se tiren los trastos a la cabeza, porque la única realidad es que, unos por incompetencia y otros por desidia, han canjeado la solidaridad por créditos a un precio mayor del que hubieran puesto los bancos", dijo Martín. Y es que, por ejemplo, ayudas de 700 euros se han convertido en deudas de más de 2.000 tras la aplicación de intereses y recargos. "Al final las ayudas han servido para que las Administraciones terminen haciendo caja", aseguró.
Que si es culpa del Estado, que si es de la Comunidad Autónoma... La única realidad es que están jodiendo la vida a los afectados por los terremotos. Que ayudas de 700 euros se han convertido en deudas de 2.000 tras la aplicación de intereses y recargos. Que las administraciones públicas -una por desidia, la otra por incompetencia- han canjeado la solidaridad por créditos a un precio mayor del que hubieran puesto los bancos.
La edil de IU ha explicado que las consecuencias económicas y familiares para los afectados amenazados por embargo están siendo "terribles". En ese sentido se refirió al caso de Dolores, una víctima del terremoto de 80 años, analfabeta y con un hijo con discapacidad a su cargo, que renunció a la ayuda incluso antes de que se la ingresaran en el banco y a la que Hacienda ha amenazado con el embargo de su pensión, a pesar de no llegar al mínimo establecido por el Salario Mínimo Interprofesional.
No es el único caso. Hay afectados pidiendo créditos o dinero a sus familiares para devolver ayudas y penalizaciones. Otros han tenido que explicarles a sus hijos pequeños que este año los Reyes Magos no podrán pasar por casa. "Estamos desolados y con el corazón roto por el drama que están sufriendo estas familias y sólo queremos que acabe esta pesadilla para que recuperen la normalidad en sus vidas", concluyó Martín.
