La concejala de esta formación, Gloria Martín, aseguró que la desidia del Ejecutivo de López Miras y el mirar para otro lado para que prevalezcan los intereses económicos de unos pocos sobre la defensa de espacios naturales protegidos, tiene que tener consecuencias políticas y jurídicas
La concejala de Izquierda Unida-Verdes en Lorca, Gloria Martín, ha anunciado que su formación política ha interpuesto una denuncia ante la Comisión Europea contra el Gobierno de la Región de Murcia por infracción del Derecho comunitario. Denuncia que también realizarán ante la Fiscalía de Medio Ambiente.
El motivo es el grave delito ecológico y medioambiental que ayer se perpetró en las calas lorquinas de Calnegre, Baño de las Mujeres y Siscal, y que tuvo como consecuencia la destrucción de tres importantes hábitats comunitarios (1210, 2110 y 2230), formados por dunas móviles embrionarias que albergan especies botánicas singulares.
Martín explicó que sobre los gobiernos autonómicos del PP pesa la vergüenza de que la Comisión Europea haya incoado un procedimiento de infracción sobre el Estado español por el retraso en la aprobación de los planes de gestión de la Red Natura 2000, incluidos los de Cabo Cope-Calnegre. Esto puede derivar en sanciones económicas y en la reducción de ayudas por parte de los fondos europeos para la Región. También recordó que la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del parque regional Cabo Cope-Calnegre lleva "27 años de retraso".
"Al gobierno de López Miras le importa una mierda el Medio Ambiente, pero su desidia, el mirar para otro lado para que prevalezcan los intereses económicos de unos pocos sobre la defensa de espacios naturales protegidos tiene que tener consecuencias políticas y jurídicas", aseveró Martín.
La roturación ilegal se ha practicado con un tractor en un espacio considerado Lugar de Interés Comunitario, amparado por la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres. Se ha arrasado hasta con postes de madera que impedían el trasiego dentro de la duna para evitar daños a estas especies.
Izquierda Unida ha condenado duramente este acto de sabotaje, que se suma a los que se realizaron el pasado verano para impedir el control de accesos para vehículos a motor. Una medida para proteger nuestras playas, "que son de todos", dijo Martín.
La edil de IU censuró que "el odio y la codicia de cuatro desalmados" les impida ser conscientes del "daño brutal e irreparable" que realizan a este verdadero tesoro natural. "Aquí hay gente que se ha dedicado a destrozar con motosierras infraestructuras pagadas por todos los contribuyentes, a amenazar con prender fuego o con moler a palos a los ecologistas", explicó la edil. Sin embargo, a día de hoy, no hay ni un solo detenido por estos actos vandálicos. "No es verdad que nadie vea nada, que nadie sepa nada. Resulta infame que lo que reine aquí sea una auténtica omertá, una auténtica ley del silencio por miedo a represalias o para proteger a los culpables que pretenden que lo que impere en nuestro litoral sea la ley del salvaje Oeste", aseguró.
Martín ha instado al Delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Diego Conesa, a que se incrementen los efectivos destinados a velar por la protección de estos espacios naturales. "Es imposible que el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), pueda realizar su trabajo con dignidad y eficacia si sólo hay tres agentes para toda Lorca, Totana, Puerto Lumbreras y Aledo, que tocan a 728 km2 cada uno", dijo al respecto sobre unos efectivos a quienes calificó de "auténticos héroes".
También ha exigido al presidente autonómico, Fernando López Miras, que amplíe la plantilla de agentes medioambientales, incluidos los que se integran en la Brigada de Investigación de Delitos Ambientales (Brida). "Se sienten invadidos por la impotencia cuando comprueban que algunos de sus atestados se meten directamente en un cajón" explicó Martín, quien se preguntó qué intereses hay detrás del ocultamiento de estas denuncias y si la Fiscalía de Medio Ambiente conoce estas prácticas, ante lo que pidió que se investiguen.
Por último, la concejala de Izquierda Unida-Verdes pidió al Alcalde de Lorca, Fulgencio Gil (PP), que los servicios jurídicos del Ayuntamiento se personen como acción popular en las diligencias que puedan abrirse en el juzgado por estos hechos.
