La concejala Gloria Martín ha explicado que, estando en funciones, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado vía Real Decreto ayudas por 300 millones de euros para paliar los efectos del concurso de acreedores de la agencia de viajes mayoristas Thomas Cook. A través de esta fórmula, mañana liberará otros 4.500 millones que se adeudan a las autonomías, mientras es incapaz de mantener su compromiso de afrontar los 7,2 millones que cuesta mantener la bonificación del IBI para los afectados del terremoto
La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez utilice la fórmula del Real-Decreto "a conveniencia" estando en funciones, pero no para cumplir su compromiso de mantener este año la bonificación del 50% del IBI para los afectados por los terremotos.
Gloria Martín recordó que el pasado 20 de agosto su formación política instó, sin éxito, a los diputados murcianos del PSOE en el Congreso a que exigieran al Gobierno de Pedro Sánchez que aprobase un Real Decreto-Ley que mantuviera dicha bonificación.
"Les dijimos que aprobaran un Real Decreto Ley antes de la disolución de las Cortes para mantener la bonificación del IBI, porque era preferible a que fuera convalidado por el Congreso en vez de por la Diputación Permanente y porque era necesario acabar con la incertidumbre que afectaba a los lorquinos", explicó Martín. Sin embargo, "nos dijeron que no era viable que el Gobierno aprobase reales decretos estando en funciones", lo que ha resultado ser una "patraña".
La edil ha señalado, por ejemplo, que a través del Real Decreto Ley 2/2019, de 4 de octubre, el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez ha aprobado ayudas puntuales para paliar los impactos económicos producidos por el concurso de acreedores de la agencia de viajes mayorista Thomas Cook sobre la economía de las Islas Baleares, por valor de 300 millones de euros.
Todo apunta a que, además, mañana viernes el Ejecutivo en funciones del PSOE también utilizará la fórmula del Real Decreto para liberar 4.500 millones de euros que se adeudan a las autonomías. El argumento del Ministerio de Hacienda es que es que este anuncio no compromete los Presupuestos Generales del próximo año, por lo que Martín se ha preguntado si 4.500 millones no son un problema y sí los 7,2 que le costaría al Gobierno cumplir con su promesa de mantener la ayuda a los afectados por los terremotos.
Martín ha adelantado que previsiblemente el Gobierno del PSOE tirará de Real Decreto-Ley en plena precampaña para las Generales del 10N para sufragar la batería de anuncios electoralistas que está realizando en los últimos días.
Al respecto, la concejala de IU-Verdes tildó de "treta electoral" la utilización que el PSOE está haciendo de este asunto. "Les vienen a decir a los vecinos que si son buenos y les votan a lo mejor mantienen la bonificación", dijo Martín, cuando la realidad es que "su Gobierno no ha mostrado la más mínima intención de cumplir lo prometido", como tampoco se han materializado los tres millones de euros para pedanías que también aseguraron.
"Esto era para que los diputados murcianos del PSOE en el Congreso hubieran formado el gas", dijo Martín, quien advirtió que, sin embargo, algunos tienen el triste record de no haber presentado ni una triste pregunta parlamentaria desde que recogieron sus actas en el mes de mayo.
La concejala de IU ha mostrado su preocupación porque 44.000 vecinos de la zona de máxima afectación por los seísmos, vayan a afrontar el impuesto sin la bonificación, lo que supondrá "un palo durísimo a sus bolsillos". Y es que, durante ocho años, los efectos del "catastrazo" aparecían difuminados por la bonificación, pero ahora se mostrarán "con toda su crudeza".