Pedro Sosa y Gloria Martín aseguran que pelearán ante la Justicia que las bonificaciones fiscales sirvan para ayudar a los vecinos que están luchando por mantener su actividad y los puestos de trabajo que generan, y no a los que viven de las rentas. "Mateos no puede beneficiar a la clase pudiente por encima de trabajadores y autónomos y hacerlo saltándose derechos fundamentales, la Constitución y las leyes", aseguraron
Los concejales de Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, Pedro Sosa y Gloria Martín, han interpuesto un recurso contencioso-administrativo, por vulneración de derechos fundamentales, contra la modificación de la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles con la que equipo de Gobierno municipal, apoyado en VOX, pretende bonificar un 75% a los propietarios de locales comerciales, "sin establecer ninguna garantía de que esa medida beneficiará a los arrendatarios que ejercen su actividad en él".
Los ediles de IU-Verdes sostienen que dicho acuerdo es "nulo de pleno derecho" ya que durante la sesión plenaria, celebrada el pasado 28 de diciembre, "no se permitió a los concejales votar las 26 alegaciones presentadas por vecinos de Lorca a la modificación de la ordenanza del IBI". "Creemos que se ha privado ilícitamente a los miembros del máximo órgano de representación de la ciudadanía de Lorca y por ende, a los vecinos de su derecho fundamental de participación política, recogido en el artículo 23 de la Constitución Española" dijeron Sosa y Martín. Y es que el Alcalde, amparado en un informe de la secretaria general de Pleno emitido de viva voz durante la sesión, impidió a los corporativos pronunciarse mediante su voto sobre dichas alegaciones para su incorporación o no al texto definitivo de la modificación de las Ordenanzas fiscales. Durante el Pleno y la Junta de Portavoces urgente celebrada minutos antes de éste, Sosa y Martín advirtieron reiteradamente que debía procederse a la votación separada de esas alegaciones que, de haber sido aprobadas, tenían que haberse incorporado al texto normativo de las ordenanzas, tal y como establece el artículo 17.3 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Esta votación debía haberse producido a pesar de los reparos expresados por la Intervención y la Oficina Económico-Presupuestaria en un informe que "no era vinculante" y que se apartaba, expresamente, de lo que establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto a bonificaciones en el IBI y también "de lo que ya han aplicado ayuntamientos como el de Madrid, Zaragoza o Getafe".
Sin embargo, no sólo no se permitió votar separadamente tales alegaciones, sino que algunos concejales llegaron a asegurar que, de hacerlo, "decaerían" todas las ordenanzas aprobadas provisionalmente. Un extremo que no fue desmentido por la secretaria de Pleno, quien no hizo uso de las facultades que tiene conferidas para "asesorar a los miembros de la Corporación y garantizar la seguridad jurídica de las decisiones que debemos adoptar". "No hubiera decaído nada, lo único que hubiera ocurrido si se hubieran votado y aprobado las alegaciones de los vecinos es que se habrían incorporado a las ordenanzas", aseguraron.
Para Sosa y Martín, partiendo de una "falacia", se pudo inducir a algunos concejales a cambiar su criterio, en tanto horas antes del Pleno PP, IU-Verdes y VOX estaban de acuerdo con respaldar las alegaciones presentadas por los comerciantes.
Los concejales de IU-Verdes han solicitado la "suspensión cautelar" de la aplicación de la nueva ordenanza del IBI "por los perjuicios que supondría para los ciudadanos y para el propio Ayuntamiento". En ese sentido, manifestaron que esa ordenanza también es "manifiestamente ilegal" porque se fundamenta en una "declaración de interés público general" que no corresponde al alcalde, sino al Gobierno de España, como sucedió con los terremotos. La ley dice que los ayuntamientos podrán regular una bonificación de hasta el 95% de la cuota íntegra del IBI a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal, pero que esa declaración "corresponde al Pleno de la Corporación, previa solicitud del sujeto pasivo".
Pedro Sosa aseguró que "nos hemos visto obligados a recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa porque este alcalde está intentando coartar los derechos de concejales y ciudadanos y porque no estamos dispuestos a que el dinero de todos los lorquinos sirva para beneficiar a los rentistas y no a los trabajadores y autónomos que realmente lo necesitan y que están asfixiados por la crisis del Covid-19". "Vamos a pelear hasta las últimas consecuencias lo que es de justicia: que las bonificaciones fiscales sirvan para ayudar a los vecinos que están luchando por mantener su actividad y los puestos de trabajo que generan, y no a los que viven de las rentas". "Defenderemos ante la justicia la voz de nuestros vecinos como hemos hecho en otras ocasiones, porque tenemos muy claro que debemos nuestras actas de concejales al pueblo, y que nuestra principal obligación es representar y defender sus intereses", aseguró.
"Hemos tenido que soportar que un gobierno municipal del PSOE, con el apoyo de la ultraderecha, siga exprimiendo el bolsillo de la clase trabajadora mientras baja los impuestos a las empresas que facturan más de un millón de euros y se los perdona a las multinacionales que explotan recursos municipales", dijo Sosa. "Por lo que no vamos a pasar es porque encima lo hagan pisoteando nuestros derechos de participación política, porque esto no es el cortijo particular del señor Mateos ni él está por encima de la Constitución y de las leyes", aseguró.
Sosa manifestó que estas son las ordenanzas municipales "más regresivas" y "dañinas" para la ciudadanía de la historia democrática de Lorca. "El PSOE debería sentir vergüenza de utilizar el poder para favorecer a la clase pudiente a costa del esfuerzo fiscal de las familias trabajadoras y de los sectores más humildes de la población", concluyó.
